Un proyecto de ley busca que la Oficina Anticorrupción sea un organismo independiente del Gobierno. La iniciativa surgió tras el polémico fallo del Criptogate.
El senador Pablo Blanco (Tierra del Fuego) presentó un proyecto para crear la Oficina Anticorrupción (OA) como organismo independiente con autarquía financiera, según indica el texto.
La acción del representante provincial se da a pocos días de que la AO desligara al presidente Javier Milei por el caso del Criptogate.
“Créase la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, como organismo independiente con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal”, dice el primer artículo de la iniciativa.
La AO tendrá como ámbito de aplicación a la “Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal”.
Su titular, que en la actualidad es elegido por el jefe de Estado, tendrá rango equivalente a Ministro del Poder Ejecutivo durará cinco (5) años en su función y será designado por el Poder Ejecutivo, pero “mediante concurso público de oposición y antecedentes”.
“Gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del PODER EJECUTIVO NACIONAL”, resalta el artículo cuarto.
En sus fundamentos, Blanco dice que la “falta de independencia funcional y autarquía financiera provocó” que “muchas” acciones de la OA “hayan sido limitadas o dejadas de lado”.
“El hecho que tanto sus funciones, atribuciones, estructura y jerarquía de quien fuera su titular dependan de un decreto simple, muestra la vulnerabilidad a la que se encuentra sometido dicho organismo, frente aquellos a quien debe investigar”, resaltó.
Para el radical fueguino, “resulta prioritario entonces, la sanción de una ley que jerarquice este órgano de control y le otorgue garantías de independencia a fin que pueda llevar adelante su función con eficacia y eficiencia”.
Sobre el final, Blanco fue crítico de la resolución de OA sobre el Criptogate y propuso modificar la ley 25.188 de Ética Pública para que los funcionarios que estén alcanzados por la legislación “se abstengan de usar sus redes sociales personales a fin de avalar, difundir o promover algún producto, servicio o empresa y que se presuma como parte de una acción oficial los actos conductas o manifestaciones realizados durante el ejercicio de sus funciones, en virtud de su especial relación de sujeción frente al estado”.
En una resolución del pasado 5 de junio, la OA, que depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que el presidente Javier Milei no “infringió” la Ley de Ética Pública por la “difusión” de la memecoin Libra.
Según detalla el artículo 1, Milei “no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei”.
El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la OA utiliza la palabra “difusión”, y no “promoción”, para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.
La causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continuaba en la Justicia Federal.