La inflación de marzo, que llegó al 3,7%, fue una mala noticia para Javier Milei, que sin embargo pudo exhibir superávit fiscal para el mismo mes. Ambos indicadores son clave para la administración libertaria en lo que respecta a logros macroeconómicos, que por ahora no se traducen en beneficios concretos en la economía real de los argentinos.
La inflación no ha podido perforar el piso del 2%, tales las expectativas que viene alentando el Gobierno nacional desde el año pasado, y, por el contrario, se mantendrá por lo menos en los próximos meses muy por encima de esos porcentajes.
En lo que respecta al superávit, se sigue sosteniendo pero hay algunas luces amarillas que intranquilizan. Los números del primer trimestre muestran un gasto que va creciendo (un 2% real interanual) e ingresos que van disminuyendo (un 0,7% interanual). Con la economía planchada como un objetivo en sí mismo para aplacar el incremento de precios, no se avizora en el corto y mediano plazo un aumento de los ingresos como no sean circunstanciales –por ejemplo, a través de la liquidación de la cosecha gruesa-.
Por otro lado, la recaudación tributaria encuentra límites derivados de la propia lógica del diseño de la política impositiva, que en lo que va de la gestión de Milei ha presionado más a los sectores medios y bajos que a los que poseen altos ingresos, propiciando una estructura tributaria que aumenta las desigualdades ya de por sí históricas en la Argentina.
El Impuesto a los Bienes Personales, que grava el patrimonio y por ende lo deben pagar los sectores más ricos, representa en la actualidad apenas el 0,67% de la recaudación total, cuando antes de la aprobación de la Ley Bases, que bajó la alícuota, representaba el 1,34%. También durante la actual gestión se restituyó el pago del Impuesto a las Ganancias para la categoría asalariados.
La política tributaria aplicada hasta el momento por el Gobierno nacional ha presionado más a los sectores medios y bajos que a los que poseen altos ingresos. La política tributaria aplicada hasta el momento por el Gobierno nacional ha presionado más a los sectores medios y bajos que a los que poseen altos ingresos.
El impuesto que más se recauda –la mitad del total-, y que se incrementó un 3,4% real en el primer trimestre de 2025 respecto del mismo período del año pasado, es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), un tributo regresivo que grava el consumo masivo y que por lo tanto afecta los ingresos de los sectores medios y bajos de la sociedad.
Lejos de revertirse, en el futuro la tendencia parece agravarse, si es que finalmente prosperan las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional contenidas en la letra chica del acuerdo que firmó recientemente con Argentina. El organismo internacional impulsa una reforma tributaria que “facilite la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”. Tal “recomendación” significaría, de prosperar el proyecto en el Congreso de la Nación, que los monotributistas de las categorías más bajas, algo así como dos millones de trabajadores, empiecen a tributar más al incorporarse al régimen general.
Otra exigencia del FMI, según lo señalado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), es que los ingresos tributarios nacionales en el año deberían crecer al 1,5% real interanual para que se cumpla la proyección del informe. Por su parte, el gasto primario, dado el mayor esfuerzo fiscal decidido por el Gobierno, debería tener un crecimiento real del orden del 1% en el año”.
Para el Gobierno nacional se presenta como todo un desafío, en un contexto de economía estancada con consumo sumamente deprimido, la meta de un incremento de un punto y medio de los ingresos tributarios para el corriente ejercicio, considerando que si no se va a lograr mediante una mayor recaudación por el crecimiento de la actividad económica, se deberá conseguir ejerciendo mayor presión tributaria, particularmente, como es la lógica de la actual gestión económica, sobre los sectores de ingresos medios y bajos. Y esta medida sería suicida en un año electoral.