Los recortes presupuestarios y la caída del poder adquisitivo en los salarios afectan a diversos sectores de la sociedad. La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca expresó su preocupación por el impacto que estas medidas tienen en el Poder Judicial de la provincia, responsabilizando directamente al Poder Legislativo por estas decisiones. En una entrevista a Radio Ancasti, la funcionaria expresó su “impotencia” ante los recortes en el presupuesto judicial “que, año a año, ascienden a miles de millones de pesos”. Rosales lamentó que esta poda de los recursos afecte, entre otras cosas, el mantenimiento de edificios y la capacidad de contratar personal.
En ese sentido, pidió que el Poder Legislativo explique “no solo al Poder Judicial, sino a toda la sociedad, cuáles son las razones detrás de la reasignación de recursos, ya que esto es lo que establece las prioridades del Estado”. Por otro lado, cuestionó qué se prevalecen otros gastos por encima de la creación de los juzgados del fuero de violencia de género, la designación de fiscales en el interior provincial o la disponibilidad de equipos técnicos que permitan hacer valoraciones de riesgo en los casos de violencia y abusos sexuales.
Rosales afirmó que, a pesar de las críticas del Poder Legislativo hacia la justicia y su presupuesto, la Corte fue todos los años a la Legislatura: “Nos hemos sentado en la comisión que corresponde, hemos respondido todas las preguntas, hemos sacado todas las dudas respecto de por qué y para qué el presupuesto que el Poder Judicial solicitaba”. Sin embargo, el resultado fue que el “Poder Legislativo ha considerado que esas razones no eran suficientes y que esos pedidos no debían ser atendidos”. “En lugar de enojarse o agravarse, es necesario sentarse a ver por qué y fundamentar las decisiones presupuestarias”, opinó.
En cuanto a los sueldos de los empleados judiciales y los aumentos salariales que viene pidiendo, hizo una contundente defensa, argumentando que el trabajo es “full time para el Poder Judicial” y que tienen “incompatibilidades con cualquier otra tarea”. Además, señaló que, con respecto a otros poderes, “no es lo mismo abogado que trabaja en el Poder Judicial, que solo recibe ese sueldo, ese salario, que, por ejemplo, un abogado que trabaja en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en el Tribunal de Cuentas, que pueden ejercer su profesión libremente y de tal manera tener otro ingreso”. Por lo que, aclaró, los aumentos salariales en el Poder Judicial se aplican en el “mismo porcentaje para todos, desde un ministro de corte hasta una ordenanza”.
Reforma
En relación con la reforma constitucional, la ministra de la Corte subrayó que el tiempo transcurrido desde la reforma de 1988 a la fecha hace “necesario un rediseño de las instituciones, donde haya una mayor participación de la ciudadanía en el Estado”. Insistiendo en que la relación de confianza con la justicia está rota, muchas veces “con razones valederas, debido a problemas que no se explican debidamente y a fallas estructurales” históricas.
Siguiendo esa línea, abordó el proceso de selección de los miembros del Poder Judicial, señalando que su método de elección “no posee la misma representatividad democrática que la de legisladores o del Poder Ejecutivo”. Por ello, Rosales enfatizó que el ingreso a estos cargos “requiere de una mayor transparencia”.
Además, propuso replantear el proceso de selección, no solo basándose en aspectos académicos, sino también evaluando la trayectoria profesional, la conducta laboral previa, la formación y la trayectoria en la vida pública y privada. De modo que sugirió la implementación de sistemas de control, como auditorías externas, para supervisar la labor de los jueces, alejadas del control interno del propio Poder Judicial.
Respecto a las denuncias y remociones de magistrados, expresó que estos procesos deben ser “mucho más abiertos, transparentes y sencillos”. “Sería muy negativo y, me atrevo a decir, de dudosa constitucionalidad que sea el propio Poder Judicial el que se controle a sí mismo” cuestionó. No obstante, propuso la incorporación de “algún representante directo de ciudadanos comunes, similar a los jurados populares, podría fortalecer la legitimidad y la transparencia del proceso”.
Miembros de la Corte
Acerca del número de miembros de la Corte, Rosales sostuvo que, aunque la Legislatura decidió aumentarlos de cinco a siete, en su opinión, “cinco es un número ideal para la provincia, marcando un equilibrio entre representatividad y eficacia”.
La funcionaria afirmó que el Poder Judicial no recibió aún un pedido de opinión concreto ni un proyecto escrito para una reforma constitucional. Sin embargo, considera “fundamental” la colaboración en cualquier futura reforma, escuchando a “todos los jueces, fiscales, defensores y sobre todo a todos los que son quienes están en la trinchera, los jueces de Paz, los jueces, fiscales, defensores del interior”. Para finalizar, Rosales reiteró la importancia de que la justicia rinda cuentas y sea transparente. “Es lo único que puede reconfigurar este lazo de confianza que necesariamente debe existir entre la ciudadanía y el Estado”.n