La semana pasada, un jubilado de apellido Rodríguez, de 69 años, realizó una denuncia penal contra el padre de Mario Rodrigo Del Campo y reclamó la recompensa de 80 mil dólares que éste ofreció si alguien presentaba pruebas sólidas de los fraudes que se le endilgan a su hijo y la banda de los usurpadores..
En su presentación informó que el 7 de agosto tomó conocimiento, a través de una publicación efectuada por El Ancasti, de que su denunciado ofrecía 80 mil dólares para quien presentara pruebas fehacientes de que su hijo usurpó propiedades.
Dijo que Del Campo hijo le hizo embargar su auto -maniobra que denunció en el año 2023-, para que sea enviado al Corralón Municipal, pero terminó en la casa de su denunciado. En este marco, pidió que se le acrediten los 80 mil dólares que ofreció el progenitor
Apelación
Por otro lado, la resolución dictada por el juez Santiago Ahumada Franzini que liberó a Mario Rodrigo Del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Juan Pablo Collantes y Rocío Grisel Gordillo fue apelada por los fiscales de instrucción penal Hugo Costilla y Valeria Reyes.
Los fiscales apuntaron al juez de Control de Garantías N°1 y atacaron el dictamen aduciendo que no correspondía por lo avanzado del proceso judicial.
Se espera que el Tribunal de la Cámara de Apelaciones y de Exhortos fije fecha para la audiencia, en la que se comenzará a resolver el planteo de apelación. La resolución de Ahumada Franzini se produjo a pocos días de que la Fiscalía había dispuesto investigar a los médicos y profesionales de la salud que atendieron a Del Campo -presunto líder de la banda de los usurpadores-, por posible falsedad ideológica en los certificados médicos y en la historia clínica que presentó ante la Justicia.
En ese momento -mediados de julio-, la defensa había promovido el pedido el beneficio de la prisión domiciliaria, aduciendo que Del Campo atravesaba una supuesta situación de salud vinculada a una dolencia de larga data, y a la necesidad de ser sometido a una intervención quirúrgica.
El 28 de julio se cumplieron los 60 días fijados por el juez de Control al dictar la prisión preventiva, el 27 de mayo pasado. En ese marco, los fiscales formularon el pedido de prórroga antes del vencimiento del plazo legal, tras lo cual el magistrado convocó a las partes a la audiencia correspondiente para finalmente resolver rechazando la solicitud.
En aquel momento las defensas informaron que Ahumada Franzzini, al momento de dictar prisión preventiva, bajó la calificación legal de los sospechosos y no distinguió ni señaló quién lideraba la banda ni quiénes cumplían otras funciones, para tratarlos a todos como meros integrantes de una “asociación ilícita”.
Por otra parte, advirtieron que la Fiscalía no pidió habilitación de feria para que se trate la prórroga de la prisión preventiva y que el juez de Control la habilitó de oficio.
Costilla
A mediados de junio, Del Campo declaró como imputado y presentó un escrito explicando que la causa penal es un asunto de “polleras”.
Dijo que Hugo Costilla, quien es el principal investigador de los hechos, mantuvo una relación sentimental con la mujer con quien él, Del Campo, estaba en pareja.
“Esta causa no es más que una cuestión de polleras. Al fiscal no solo le bastó con mantener una relación sentimental con quien era mi mujer, de hacer detener ilegalmente a mi hija en otra provincia, sino que además quiere hundirme inventando esta supuesta banda que nunca existió, uniéndose con ella (por su expareja) para eso”, afirmó.
Sostuvo además que “se deben peritar todos los teléfonos celulares de Costilla, donde van a figurar las llamadas y mensajes que intercambiaba con (su expareja), quien por despecho al haber confirmado mi relación con (Rocío) Grisel Gordillo, tenía encuentros sentimentales con el fiscal y procedió a denunciar irregularidades de mi empresa que ella conocía a la perfección porque era ella misma quien las había realizado”.n