Ayer por la tarde se recuperaron motocicletas que habrían sido, supuestamente, robadas por empleados de una concesionaria de Plaza Motos que tenía una sucursal en Catamarca, ubicada sobre calle República al 700.
La Dra. Verónica Donatto, abogada de los ex empleados, explicó en declaraciones radiales que sus representados “se presentaron el pasado viernes en el local para cumplir con sus tareas habituales y se encontraron con que el comercio había sido desalojado por falta de pago del alquiler”.
Ante esta situación, los trabajadores dieron aviso a la Policía, al gremio que los representa y a la Superintendencia de Trabajo. Como medida de resguardo, se decidió trasladar las motocicletas, una camioneta Volkswagen Saveiro, aires acondicionados, muebles y otros elementos a una playa de estacionamiento, pagada por los propios empleados, para evitar su pérdida o deterioro.
Sin embargo, los trabajadores no pudieron continuar costeando ese espacio, por lo que la Superintendencia intervino y labró las actuaciones correspondientes. Una de las administradoras del local firmó un acta en la que reconocía que, al encontrarse la mercadería en la vía pública, quedaba bajo la posesión de los empleados. Este documento fue incorporado a la causa civil.
Donatto advirtió que “esta situación ya se había repetido en otras sucursales de la firma, tanto en Tucumán como en La Rioja“, donde los responsables se fugaron sin pagar sueldos ni indemnizaciones, dejando a los empleados desamparados. “La diferencia es que aquí se anticipó el desalojo por vía judicial, y no pudieron vaciar el local como hicieron en otras provincias”, remarcó.
Según la abogada, tras ese intento fallido, se presentó una “falsa denuncia” alegando que los empleados habían vaciado el comercio. “Entonces la fiscal actuó con esa denuncia maliciosa, y cuando llegaron al primer domicilio, me hice presente con la documentación que demuestra que no hubo delito. Por suerte, eso evitó que los trabajadores enfrenten una causa penal injusta”, relató.
Actualmente, Donatto solicitó en sede laboral una medida cautelar urgente para que los bienes que están en manos de la Fiscalía Penal queden bajo custodia, como ya se había propuesto desde el Juzgado Laboral, con el fin de que los empleados puedan avanzar en el reclamo de sus indemnizaciones. “No se puede llevar adelante un juicio contra un fantasma como esta empresa, cosa que pasara si se llevan los elementos”, subrayó.
Por su parte, David, uno de los empleados, sostuvo: “Ayer vivimos un momento muy delicado. Creemos que actuamos de la mejor forma posible. Antes del desalojo, no recibimos ninguna notificación, ni llamada ni telegrama de despido. Solo el viernes llegó la Justicia con una orden de desalojo, pero nada más”.
Además, indicó que la empresa adeudaba entre 7 y 8 meses de alquiler y que los sueldos se venían pagando con retraso. “Yo tengo diez años de experiencia en este local. Nunca faltamos a nuestras obligaciones como empleados y no merecemos estas falsas acusaciones” concluyó.