Tras la denuncia que presentaron la semana pasada diputados de la UCR y LLA respecto de la concesión de los permisos de Cerro Atajo por parte de CAMYEN a la empresa Lua Mining, en la que vincularon al empresario Mario Cirigliano y al gobernador Raúl Jalil, ahora los legisladores llevaron el planteo a la Cámara de Diputados, donde presentaron un pedido de informes para conocer el estado de los pedimentos mineros que posee la empresa estatal y los convenios o acuerdos que haya firmado.
Los diputados pidieron que la empresa CAMYEN remita todos los convenios o acuerdos firmados desde diciembre de 2019 hasta la actualidad, en los que haya participado el gobernador Jalil, el Ministerio de Minería o la propia CAMYEN “que impliquen cesión, concesión, autorización, habilitación o cualquier otro tipo de instrumento legal que permita la exploración o explotación minera sobre territorio provincial”.
En el mismo sentido, pidieron copia de todos los informes de impacto ambiental, tanto los que se encuentren en etapa de estudio como aquellos ya dictaminados, vinculados a proyectos mineros en curso o proyectados, precisando su contenido, estado y resolución; un detalle de todas las tenencias, pedimentos mineros y demás derechos de explotación que CAMYEN posea actualmente, indicando además cada convenio, sociedad o acuerdo celebrado con inversionistas o capitales privados que existiera.
Por otra parte, piden que el Ministerio de Economía y Obras Públicas informe cuántos recursos se recaudaron en concepto de regalías mineras, cánones, utilidades, compensaciones o cualquier otro ítem vinculado a la actividad minera desde diciembre de 2019 y que se indique a qué destino fueron aplicados esos recursos. Por último, pidieron que el Ministerio de Minería detalle todos los Fondos Fiduciarios, fideicomisos u otras figuras jurídicas creadas con recursos provenientes de la actividad minera, incluyendo su normativa de creación, el origen de los fondos, los montos involucrados y su destino efectivo.
“Los bienes naturales de nuestra provincia, en particular los minerales, son de dominio público pertenecientes a los catamarqueños. El manejo de estos recursos debe estar sujeto a los más estrictos estándares de transparencia, legalidad, participación democrática y control institucional. Sin embargo, en los últimos años, la política minera ha estado signada por la opacidad, la concentración del poder y la exclusión sistemática del Poder Legislativo”, reclamaron los diputados en los argumentos.
En esa línea, cuestionaron que desde 2019 en adelante “se han celebrado múltiples convenios mineros con empresas internacionales sin conocimiento ni intervención de la Legislatura, ni publicación en el Boletín Oficial”. “Tampoco existe constancia pública de informes de impacto ambiental, estudios técnicos ni dictámenes legales que sustenten los actos del Ejecutivo. Esta situación revela un patrón deliberado de ocultamiento”, reclamaron.
En el mismo sentido, cuestionaron “la falta de información sobre los ingresos efectivamente percibidos por el Estado en concepto de regalías o utilidades mineras, su aplicación presupuestaria y el destino de eventuales fideicomisos o fondos fiduciarios constituidos con esos recursos. ¿Cuánto ingresó? ¿Cómo se usó? ¿Quién decidió sobre ese uso?”, remarcaron.n