Un grupo de diputados provinciales de Fuerza Patria presentó este martes un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Catamarca contra el Estado nacional, el Poder Ejecutivo y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La acción busca que se restablezcan de inmediato las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas en la provincia, medida que calificaron como “ilegal, arbitraria e ilegítima”.
El amparo solicita que se restituyan las pensiones, se reintegren los montos no percibidos y se reactive de forma urgente el programa de salud Incluir Salud, del que también fueron dados de baja los beneficiarios.
La presentación fue firmada por los legisladores Pablo Castro, Adriana Díaz, Stella Nieva, Cecilia Barros y Josefina Herr, con la adhesión de Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Juan Carlos Ledesma, Gladys del Moro, Claudia Palladino, Armando López Rodríguez, María Argerich, Hernán Díaz y Nicolás Zavaleta.
Según los legisladores, la suspensión de las pensiones se hizo sin notificación previa, lo que dejó a cientos de personas con discapacidad “en total desprotección y abandono”. Denunciaron además que la medida fue aplicada de forma intempestiva, ya que los damnificados se enteraron recién al intentar cobrar sus haberes.
“La pensión, en muchos casos, es el único sustento para la subsistencia. Su suspensión pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas con discapacidad”, remarcaron en la presentación.
El amparo también pide la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1, inciso (i), del Anexo I del Decreto 432/97, modificado por el Decreto 843/24, que establece como requisito para recibir la pensión “no poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes para la subsistencia”. Los legisladores sostienen que este criterio contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con rango constitucional en Argentina.
En ese sentido, plantearon que la norma ignora los costos adicionales que implica vivir con una discapacidad, como atención médica, equipamiento especializado y adaptaciones. También señalaron que la medida vulnera los derechos:
- Protección social y nivel de vida adecuado: la suspensión profundiza la vulnerabilidad y expone a la indigencia.
- Acceso a la salud: al perder la pensión, los beneficiarios quedan fuera del programa Incluir Salud, lo que interrumpe tratamientos médicos esenciales.
- Vida independiente y autonomía: la falta de ingresos obliga a depender de terceros.
Finalmente, los diputados advirtieron que el Estado nacional incurre en una violación al principio de no regresividad reconocido en tratados internacionales, que prohíbe a los gobiernos reducir los niveles de protección en derechos económicos, sociales y culturales.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado magíster Carlos Hernán Vera y ya fue radicada en la Justicia Federal de Catamarca.