Otro efecto de la Ley Bases

Uno de los efectos nocivos de la Ley Bases, de cuya sanción se acaba de cumplir un año, es la eliminación de las multas a las empresas que no le realizan a sus trabajadores los aportes jubilatorios y a las obras sociales. Contrariamente al discurso oficial, que sostenía que tal medida iba a promover la registración laboral, lo que ocurrió es un aumento exponencial del trabajo no registrado, una suerte de flexibilización laboral, fenómeno que tiene además otras causas.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, festejó en declaraciones televisivas la creación de nuevos puestos de trabajo, omitiendo señalar que se trata de empleos precarizados. De hecho, las estadísticas oficiales señalan una caída de los puestos de trabajo formales, paralela al incremento de los cuentapropistas no asalariados y los asalariados informales. Los puestos de trabajo registrados perdidos afectaron a sectores de salarios altos, como la industria, mientras que los puestos de trabajos creados se asocian a sectores de ingresos bajos, como empleos de plataformas, por ejemplo.

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Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, sostiene al respecto que “se extingue el operario industrial y lo reemplaza el chofer de Uber y el repartidor de Rappi. El empleo privado formal sigue cayendo pero más que se compensa con aumento del cuentapropismo. Encima trabajan más horas para compensar menos ingresos”.

Daniel Schteingart, de Fundar, una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas, traza un diagnóstico similar: “Manteros, feriantes, albañiles, que no están inscriptos en el monotributo, son los que más crecen. Empleados industriales despedidos que ahora hacen changas, obrero de la construcción que estaba en blanco y ahora trabaja como albañil y cuentapropistas mujeres, que vienen creciendo desde hace años, que con la baja de la natalidad buscan trabajo y no encuentran y se arman, por ejemplo, su propio emprendimiento de elaboración de comida”.

En la Argentina actual se expande el trabajo informal: son casi 9 millones las personas en esa situación, de los cuales 5,5 millones son asalariados en negro y 3,3 millones cuentapropistas.

Desde Fundar entienden que “existe una correlación clara entre el nivel de desarrollo económico -medido por el PBI per cápita o la densidad empresarial- y la informalidad laboral. A esto se suma el menor poder adquisitivo de la población, que empuja a una mayor informalidad en el consumo (para pagar menos, a costa de la evasión impositiva), lo cual también desalienta la formalización en sectores como el comercio.”

De modo que la Ley Bases, congruente con el resto de la política económica libertaria, perfila el diseño de un país que parece renunciar a un perfil productivo sustentable en términos de desarrollo para alentar la creación de empleo de baja calidad y en muchos casos marginados de los beneficios de la Seguridad Social.