viernes, 25 de abril de 2025 02:11
El decreto firmado por el gobernador Raúl Jalil, en el cual se cambió el cálculo incrementando de los aportes de los trabajadores estatales a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), se debate en varios espacios, puesto que existes presentaciones judiciales, pero también se debate en el ámbito legislativo a partir de las precisiones dadas por legisladores oficialistas y opositores.
Uno de los diputados oficialista que salió, por así decirlo, en defensa del decreto firmado por el mandatario provincial fue Gustavo Aguirre, puesto que en declaraciones dadas en radio El Esquiú 95.3, analizó que: “Lo que hace este nuevo decreto es básicamente modificar el piso sobre el cual se descuenta, que antes se descontaba trece mil quinientos pesos a las personas que cobran menos de cuatrocientos sesenta y seis mil pesos y que ahora pasarían a pagar veintiún mil pesos”.
Al mismo tiempo, puntualizó que la medida implica un aumento de unos siete mil quinientos pesos, aunque depende del salario de cada trabajador.
Siguiendo con su defensa del decreto en cuestión, el legislador oficialista precisó que: “Ningún empleado de la administración pública central cobra menos de ese monto, por lo tanto, el decreto no le alcanza a empleados judiciales ni legislativos, y solamente algún sector puntual de la administración, como puede ser algunos docentes que tengan muy pocas horas cátedras, que cobren menos de cuatrocientos sesenta y seis mil pesos, van a pagar veintiún mil pesos para la obra social”.
Reforma
Otro tema abordado fue el referido a la Reforma de la Constitución, adelantando que: “El Gobierno nunca abandonó esa agenda” y que ya trabaja en un borrador inicial.
Crítica opositora
Del otro lado de la vereda, es decir desde la oposición, fue el diputado radical Alfredo Marchioli quien ante El Esquiú Play calificó de “aberrante” el aumento de los descuentos de OSEP y aseguró que el dinero recaudado va directamente al Grupo Jalil. En esa línea, indicó que el decreto es “ilegal” y que atenta contra el salario de los trabajadores.
“El Gobernador tomando una decisión que entra en conflicto con sus intereses privados, en contra de los que menos tienen, entonces una violación social, aparte de legal, de tributaria, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, y también desde el punto de vista de salud”, dijo.
Al ser consultado sobre el estado actual del sistema de salud de la provincia, Marchioli fue contundente: “Deja mucho para desear”.