El Gobierno tiene preparado para esta semana el decreto que determinará la eliminación, transformación o fusión de casi 60 organismos públicos. El INAI e institutos de Cultura están en la mira.
A principios de febrero, el presidente Javier Milei prometía que “no pararía la motosierra” y anunció que su gestión preparaba un nuevo decreto para “cerrar, transformar o fusionar” alrededor de 50 organismos estatales por considerarlos innecesarios bajo la percepción libertaria del rol del Estado. Según pudo saber MDZ, la lista está cerrada y espera la firma del presidente para salir esta semana.
“Acá no hay lugar para descansar, no te podés dormir en los laureles. Es todo el día el cuchillo entre los dientes, porque del otro lado está el enemigo, no son adversarios”, había enfatizado Milei durante una entrevista, donde luego adelantó: “Vamos contra 50 organismos del Estado. El 60% estamos buscando cerrarlo, algunos estamos pensando en transformarlos y otros en fusionarlos. Sigue la motosierra”.
Actualmente, el Estado contiene en su seno 40 organismos desconcentrados, entre agencias, comisiones e incluso las Fuerzas Armadas y de Seguridad; 71 descentralizados, como institutos y administraciones, y 63 entes del sector público nacional, que incluyen empresas como Aerolíneas Argentinas, AySA, Acumar, el Banco Nación y el Correo. Según pudo saber este medio, de fuentes oficiales, finalmente el decreto alcanzaría entre 56 y 58 organismos y estaría listo para publicarse en estos días.
El artífice detrás de esta nueva reestructuración es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien adorna las paredes de su oficina con un cartel que cuenta los días restantes que tiene gracias a la Ley Bases para eliminar a voluntad -dentro de los límites asignados- funciones, competencias y trámites que evalúa como sobrantes.
La tarea también pasó por las manos de los equipos del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y de la recién ascendida secretaria de Legal y Técnica (antes secretaria de Planeamiento Estratégico), María Ibarzabal Murphy, de máxima confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.
De perfil técnico, Ibarzabal Murphy es la encargada de cuidar la firma del jefe de Estado y el Gobierno la ha destacado por su participación en proyectos clave como la Ley Bases, pero también la reforma estructural de ARCA, la implementación de la Ley de Boleta Única de Papel, la suspensión de las PASO y más recientemente el Decreto de Necesidad y Urgencia que habilitó el nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional, entre otros.
En ese marco, uno de los organismos afectados será el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo dependiente de la vicejefatura de Gabinete del Interior -que dirige Lisandro Catalán- que administra las políticas sociales destinadas a los pueblos originarios. Según pudo saber MDZ, el ente no cerrará ni desaparecerá, sino que atravesará una “readecuación para optimizar su trabajo y recursos” que entre otros implica que dejará de ser un organismo descentralizado para convertirse en uno desconcentrado.
En la práctica, el INAI seguirá a cargo de su titular, Claudio Avruj, y continuará cumpliendo sus funciones, pero lo hará con una estructura más chica y dejará de administrar su propio presupuesto de aproximadamente $4.847 millones, el cual pasará a depender directamente de la Jefatura de Gabinete. Eso no significa -al menos de momento- que haya despidos que afecten a sus 161 empleados, sino que habrá tareas que serán absorbidos por el área dirigida por Guillermo Francos.
Otra área sacudida por el decreto será la Secretaría de Cultura que administra Leonardo Cifelli, la cual a su vez está bajo el ala de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei. Según pudo saber este diario, la medida planea fusionar y centralizar 11 de los 12 institutos que funcionan dentro del área, y convertir al restante en un museo.
La lista abarca al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; Instituto Nacional de Estudios del Teatro (INET), Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional Sanmartiniano, Instituto Nacional Belgraniano, Instituto Nacional Browniano, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Instituto Nacional Juan Domingo Perón, Instituto Nacional Newberiano e Instituto Nacional Yrigoyeneano.
“No afecta presupuesto ni personal”, aseguró a este medio una fuente conocedora de la maniobra, que además reveló que se evalúa la posibilidad de consolidar un Instituto de Estudios Históricos que sea el encargado de gestionar las 11 dependencias a unificar. “Para eso tenemos 60 días”, agregó la fuente. A su vez, algo que ya funcionaba en la praxis pero que pasará a oficializarse con el decreto será la centralización de la administración del Palacio Libertad -exCCK- y Tecnópolis bajo el ala de Leonardo Cifelli.
Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg, ya que todos los ministerios y sus dependencias están a tiro de la motosierra. Las entidades públicas que quedaron en una suerte de oasis fueron las universidades, los organismos del Poder Legislativo y el Judicial, además de instituciones estratégicas qe fueron excluidas por el Congreso de la Ley Bases.
Estas últimas son el Conicet, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el nstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Si bien en los casos mencionados no se habló de despidos, el artículo 52 de la Ley Bases sancionada en junio de 2024 establece que los empleados públicos de los organismos disueltos permanecerán en disponibilidad por un año con goce de sueldo, a la espera de ser reubicados o capacitados para nuevas tareas. Pronto se conocerá cuántos trabajadores quedarán en ese limbo, aunque lo que sucederá con ellos una vez cumplido el plazo de momento es una incógnita.