Son varias las razones que permiten inferir o presagiar un avance del negocio narco en la Argentina. La detección en un puerto privado de un barco cargado con casi 500 kilos de cocaína, el plan de blanqueo que prepara el gobierno y que permitiría el ingreso de dólares producto de actividades ilícitas, y el progreso del crimen organizado por la retirada del Estado de vastos sectores urbanos por una decisión política-económica del Gobierno nacional, son algunas de las causas que justifican el temor al riesgo mencionado.
La semana pasada se hallaron 469 kilos de cocaína en un barco filipino que tenía como destino Europa y que se encontraba anclado en el puerto privado de Vicentin, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El hallazgo se produjo de casualidad, a partir de una inspección visual ordenada por el capitán de la nave. Lo grave del caso es que, según se desprende de testimonios obrantes en la causa, este tipo de tráfico ilegal era muy común, al punto que se hacían dos o tres veces por mes sin que nadie detecte nada. El valor del cargamento ronda los seis millones de dólares. Quien admitió el ingreso de la droga al barco fue el cocinero, quien fue contactado por miembros de la organización narco.
La habitualidad de estos embarques hace pensar en la laxitud de los controles, lo que convierte al río Paraná en una vía casi liberada para el tráfico de droga.
Otra información inquietante conocida en estos días es el blanqueo permanente que impulsa el Gobierno nacional, anunciado por el ministro Luis Caputo, que, además de ser inviable si no se aprueba por ley del Congreso de la Nación, abriría las puertas al ingreso de dinero sucio, producto del lavado de activos y de negocios ilegales, entre ellos el narcotráfico.
Si no se genera un marco legal convalidado por el Congreso, Argentina pasaría a estar en la mira del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), una institución intergubernamental que procura desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La intención de blanquear los cientos de miles de millones de dólares que los argentinos tienen sin declarar podría perder efecto porque en la práctica podría blanquear dinero sucio cualquier organización criminal del mundo, siempre y cuando tenga un testaferro de nacionalidad argentina.
La tercera razón que augura un avance del narcotráfico en la Argentina se vincula con la retirada del Estado, sus organismos y sus instituciones de vastos sectores urbanos. El desfinanciamiento de los programas sociales, de los comedores populares, la ausencia de actores públicos de las barriadas es aprovechado por las organizaciones criminales para ganar presencia y confianza en la comunidad.
Los tres factores mencionados constituyen amenazas que el Estado argentino parece ignorar, o promover, según los casos. Los narcoestados sabemos cómo empiezan y, por experiencias ajenas, también cómo escalan hasta copar las instituciones públicas.n