Ante las advertencias del Gobierno de que los recursos coparticipables están en caída, la oposición decidió poner el ojo en las medidas que tomó el Gobierno para hacer frente a esta situación y los recursos que realmente ingresaron. En ese sentido, desplegaron una serie de medidas que incluyen pedidos de informes y denuncias ante la Justicia (ver aparte).
En este marco, los diputados del bloque de la UCR Silvana Carrizo, Natalia Herrera, Tiago Puente y Mamerto Acuña presentaron un proyecto de resolución en el que exigen al Ejecutivo provincial que informe sobre los recursos que se habrían “ahorrado” tras la implementación de diferentes medidas de ajuste, como la eliminación del One Shot y la aplicación de la ley de Emergencia Económica.
En este sentido, desde el radicalismo plantearon que las decisiones adoptadas por el gobierno de Raúl Jalil “han afectado directamente a trabajadores de los tres poderes del Estado y municipios así como a docentes y otros sectores que impulsan el empleo privado y la economía local”.
Los diputados afirmaron que a pesar de que el Ejecutivo argumenta la existencia de un déficit presupuestario que impide otorgar aumentos salariales, “los datos oficiales contradicen ese diagnóstico”. Así señalaron que al 28 de febrero de este año, la Contaduría General de la Provincia reportó un superávit financiero cercano a los $28.000 millones. En esa línea, remarcaron que el déficit de $5.000 millones es apenas un 1,6% del total de ingresos acumulados en el primer trimestre, lo que para ellos refuerza “la sospecha de una mala asignación” de los recursos disponibles.
“Raúl Jalil miente y busca sembrar miedo. Dijo que ‘solo ingresaron $3.500 millones’, pero en 15 días de abril, Catamarca recibió $40.984 millones de coparticipación. Si descontamos el Fondo Educativo $12.705 millones, que ingresan pero solo se puede destinar a educación, tenemos Netos: $28.278 millones, más otros ingresos: $42.315 millones”, remarcaron los diputados.
También sostuvieron que el Ejecutivo “ha promovido una estructura administrativa sobredimensionada, con más del 7,5% del gasto total concentrado en su entorno, superando incluso al Poder Judicial y al Legislativo”.
“A eso se suma una serie de medidas de ajuste que no están respaldadas por informes técnicos ni datos que permitan conocer el real impacto fiscal de cada decisión”, señalaron.
Entre las medidas cuestionadas por los diputados se encuentran la suspensión del tramo final del aumento salarial del 6% para funcionarios, la eliminación de programas como el “PIO”, “One Shot Plus” y “Días de Ensueño”, y la negativa a asistir financieramente a los municipios para el pago del aguinaldo. Los diputados también cuestionaron “la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos no ejecutados o no transferidos, y la ausencia de criterios técnicos para reasignar partidas presupuestarias”.
A través del proyecto, los diputados solicitan al Poder Ejecutivo “un informe detallado -a remitirse en un plazo de diez días hábiles- sobre el destino de los fondos derivados de estas medidas, así como sobre la reestructuración ministerial y los descuentos aplicados a docentes, entre otros puntos”.
En este contexto, también recordaron que han presentado “propuestas concretas” para reducir el gasto político y reordenar el Estado, como una iniciativa de 2023 que planteaba reducir de 16 a 8 los ministerios, y la “Ley de Reordenamiento del Estado” impulsada en 2024.
“En lugar de simular cambios con renuncias y fusiones, el Gobierno debe rendir cuentas claras sobre cómo piensa reordenar el gasto, optimizar el uso de los bienes del Estado y reducir la alarmante cantidad de funcionarios sin funciones reales”, argumentaron.