A Mario Rodrigo del Campo (49), el comerciante acusado de liderar una organización ilícita dedicada a ejecutar pagarés y adquirir bienes en forma fraudulenta, la jugada le salió mal: fingió que estaba enfermo para eludir la cárcel, pero un control oficial determinó que todo era una farsa y lo regresaron a la celda. Un dato aparte fue la actitud cómplice del sanatorio privado que lo alojó durante semanas en forma particular, sin razones de salud atendibles.
Del Campo había quedado detenido en el Penal de Miraflores el 28 de marzo pasado. Pero el juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, recién confirmó su prisión preventiva el 27 de mayo. Por esos días, el “jefe” de la banda ya estaba internado en el Instituto Médico de la Comunidad (IMC), ubicado en Salta al 100, por una “patología osteoarticular crónica en la rodilla derecha”.
Precisamente, a raíz de esa supuesta dolencia su abogado, Pedro Vélez, había solicitado que le concedan el beneficio de prisión domiciliaria. Antes de resolver al respecto, la Justicia ordenó al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) que evalúe el estado del paciente imputado. El informe final fue completamente desfavorable para sus pretensiones.
“El Sr. Del Campo se encuentra lúcido, vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, comprende órdenes y presenta buena respuesta a estímulos, sin signos de foco neurológico. Se encuentra normohidratado, con buen estado nutricional y en buenas condiciones de higiene. Sus signos vitales son normales (TA 130/80, FC 86, FR 18, afebril, buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, hemodinámicamente compensado). Al momento del examen no expresa dolor ni se observan signos de dolor”, detalló la pericia de la médica del CIF Lucrecia De Marcos.
En cuanto a si era lógica su internación, el informe forense fue categórico al señalar que “al momento del examen, (Del Campo) no presenta signos de gravedad, es decir, de compromiso vascular, nervioso, o infección que necesiten intervención de urgencia o un manejo terapéutico más complejo, motivo por el cual no se justifica la internación”. Ello porque la patología “no reviste el carácter de urgencia o emergencia alguna”, y sus “limitaciones funcionales son propias de fracturas consolidadas con prótesis”. En suma, nada de ello conduce a continuar la internación hospitalaria.
No solo eso. La profesional del CIF constató que Del Campo estaba sin medicación y que solo había recibido “hidratación parenteral mínima y heparina” en un par de días de junio. Tampoco encontró algún registro de tratamiento para su patología osteoarticular, ni una valoración realizada por algún especialista traumatólogo, ni menos un plan de tratamiento actualizado y completo. En otros términos, ninguna dolencia que no pueda ser tratada enforma ambulatoria en el Penal.
Pero la parte más lapidaria del informe es la referida a las “irregularidades en la historia clínica” observadas por la profesional del CIF tras el allanamiento en el sanatorio realizado la semana pasada.
Estas son las principales:
- La historia clínica en papel presenta “serias inconsistencias y faltantes”.
- Pese a haber extremado los recaudos para incautar la documentación, no se hallaron los “estudios complementarios”
- “Se destaca la falta del sello del médico tratante en el ingreso y en las únicas dos evoluciones médicas existentes (31/05/25 y 01/06/25), sin otros registros médicos hasta la fecha del informe.
- Además, se encontraron “10 electrocardiogramas sin nombre del paciente y con fecha impresa por el equipo del 20/02/2025 en todos.
- Tampoco se hallaron estudios esenciales tales como el eco Doppler vascular de miembros inferiores, solicitado el día 31/05/25.
- La historia clínica tampoco tiene los informes que certifiquen la “patología de alteración de la circulación arterial y venosa con alto riesgo de trombosis venosa profunda”.
A la cárcel
Al margen del allanamiento, la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de Hugo Costilla, tomó declaraciones al dueño de IMC, el abogado Jorge Saavedra, y a los profesionales Leonardo Larcher y Giuliana Gallo, al policía retirado José Daniel Coronel y al cardiólogo Augusto M. Martínez Salas, quien firmó la última certificación con fecha 01/06/2025 y según los reportes de enfermería sería “el único responsable de su actual internación”, dice la resolución.
Y todas las declaraciones dejaron expuesto que la internación de Del Campo no respondía a un acto médico, sino lisa y llanamente una mera cuestión de “hospedaje” en el nosocomio. De hecho, allí aclararon que pagaba por día de internación, sin ningún pedido de seguimiento de especialistas en traumatología ni médico de cabecera. La habitación 101 del IMC era todo un alojamiento temporario.
En consecuencia, el fiscal Costilla ordenó el último jueves 26 el “reingreso inmediato” de Del Campo al Servicio Penitenciario, y solicitó a sus autoridades que aseguren que el pabellón cumpla con las condiciones sanitarias requeridas por su patología crónica.
Aparte, resolvió que cualquier traslado futuro del imputado para atención médica, estudios complementarios o cualquier otra índole, deberá requerir previamente la autorización expresa y escrita de la Fiscalía, con una antelación mínima de 48 horas hábiles, adjuntando un informe médico pormenorizado que justifique la urgencia y un monitoreo médico diario de las condiciones de salud, para lo cual deberá remitir informes periódicos a la Fiscalía.
Una semana antes de esta medida, Del Campo protagonizó una puesta en escena de antología: se presentó en Tribunales para ampliar su declaración y arremeter contra Costilla por un supuesto deseo de “venganza” personal hacia él; llegó en silla de ruedas, con una muleta en un brazo y el suero en la otra, junto con el libreto de su denuncia. Por supuesto, se prestó para las fotos y videos de los medios presentes. La pericia forense posterior develó que, en efecto, lo suyo fue pura sobreactuación.
El expediente dice que Del Campo está detenido en calidad de imputado por la supuesta comisión del delito de asociación ilícita en calidad de coautor. Según la acusación, él es el líder y “nexo coordinador jerárquico” de una organización criminal en la que, hasta ahora, habría 21 personas involucradas, y operaba desde 2017 para la ejecución fraudulenta de títulos de crédito y posterior adquisición ilícita de bienes.
Tal organización, lógicamente, no podía operar sin “colaboradores” en el Estado provincial que aporten información patrimonial de las víctimas, su situación bancaria y el estado de sus trámites en la Justicia de Ejecución Comercial. Es decir, existía una red de complicidad compleja pero eficiente que permitía este tipo de maniobras.
Si de complicidades se trata, ¿qué responsabilidad le podría caber al sanatorio privado que operó solo como un hotel con enfermería, que no prestó los servicios especializados de rigor y que vació una historia clínica?