El bloque de diputados de la UCR, el diputado Hugo Ávila y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital, rechazaron las sentencias de la Corte que declararon inadmisibles los recursos de amparo que presentaron en contra de la modificación de la ley de la Defensoría del Pueblo y la modificación de la base de cálculo para los aportes de la OSEP. Los legisladores de la oposición aseguraron que hay un “retroceso institucional” en Catamarca y denunciaron “complicidad”, mientras que el gremio llamó a sus afiliados a una movilización esta tarde, que coincidirá con la de los autoconvocados docentes.
La UCR expresó su “seria preocupación por los recientes fallos que desestimaron dos acciones de amparo de altísimo impacto institucional”. “En ambos casos se puso en evidencia un patrón preocupante: la validación de actos del Poder Ejecutivo que exceden sus competencias constitucionales y alteran el principio de división de poderes, sin control judicial efectivo”, reclamaron.
Respecto de las modificaciones en la Defensoría del Pueblo, destacaron que la propia Corte reconoció “serias objeciones constitucionales”, pero “aun así rechazó el amparo por razones de admisibilidad, evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto”. “Esto implica un serio debilitamiento del control judicial sobre actos del Ejecutivo que afectan el equilibrio republicano”, cuestionaron.
Sobre el amparo del SOEM, que también fue rechazado, la UCR destacó el voto del ministro Miguel Figueroa Vicario, que “advirtió con claridad que dicho decreto vulnera el principio de legalidad, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el carácter alimentario de los salarios”. “Pese a ello, la mayoría del Tribunal optó por desestimar el planteo también por supuestos requisitos formales, ignorando el mandato constitucional de proteger con especial énfasis los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables. La contradicción es evidente: en un fallo reciente sobre los ingresos de profesionales de la salud, la misma Corte sí declaró inconstitucional un decreto del Ejecutivo por similares motivos, lo cual deja en evidencia un tratamiento desigual frente a derechos equivalentes”, reprocharon.
En esa línea, el bloque insistió en “la inmediata revisión de los decretos por los canales constitucionales correspondientes, el restablecimiento del principio de legalidad como base de toda decisión pública y la garantía de que los derechos de los trabajadores y la institucionalidad democrática no queden sometidos a discrecionalidad de ningún poder”.
Ávila, por su parte, lamentó la decisión de la Corte y aseguró que “lo que está en juego no es un tecnicismo legal, sino la salud de los catamarqueños, sus sueldos y el respeto a la división de poderes”. El diputado agradeció el voto del ministro Figueroa Vicario y le destacó que “defendió con claridad y valentía lo que debería ser el límite infranqueable de toda democracia: el respeto por la Constitución”. “Lamentablemente, la mayoría del tribunal prefirió mirar hacia otro lado. Dijeron que el daño a los afiliados de OSEP y los trabajadores no es concreto. ¿Cómo no lo va a ser, si cada trabajador ve reducidos sus ingresos a partir de un nuevo criterio de cálculo que nadie votó ni debatió? No podemos naturalizar que el Ejecutivo legisle. No podemos permitir que se vulneren derechos por decreto. Cuando se altera el equilibrio entre los poderes del Estado, cuando se tocan los derechos de las personas sin ley, el silencio no es neutralidad: es complicidad”, reclamó en sus redes sociales.
Movilización
El SOEM, por su parte, convocó en las redes a sus afiliados para que se sumen hoy a la movilización en la Plaza 25 de Agosto, desde las 16.30. “Digamos basta, el pueblo no puede seguir pagando la joda de los políticos. La Justicia responde al poder político”, reclamaron en sus cuentas de Facebook. La cita coincidirá con la movilización de los docentes autoconvocados, que se reunirán a las 17 horas en la misma plaza, con la intención de marchar hasta la Plaza 25 de Mayo. Será el tercer sábado consecutivo con marchas en contra del Gobierno Provincial: los docentes piden que se los convoque para una eventual reforma del Estatuto Docente, entre otros reclamos.