Parece un tema recurrente y acomodado a las urgencias políticas de turno, más que una legítima convicción de cambio. El Gobierno volvió a poner sobre la mesa la propuesta de una reforma parcial de la Constitución de Catamarca, para lo cual necesita el apoyo de los dos tercios de diputados y senadores. Pero este año hay elecciones de renovación legislativa en el país, lo que puede embarullar un eventual debate constitucional. Además, si se trata de abordar temas trascendentales de la provincia, lo primero es informar al soberano.
“Quiero confirmar hoy que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley declarativa de reforma constitucional. Este será el primer paso para actualizar y modernizar la Constitución provincial de 1988, en línea con los desafíos del siglo XXI y con las mejores prácticas de los sistemas democráticos modernos”, anunció el gobernador Raúl Jalil el jueves pasado 1° de Mayo, en su mensaje a la Asamblea Legislativa.
Uno de los aspectos que remarcó como fundamento es que Catamarca, Formosa y Santa Cruz son las únicas provincias que permiten la reelección indefinida del Poder Ejecutivo, “una figura que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado recientemente”, agregó. Para reforzar su postura al respecto, ese mismo día repitió un par de veces que su mandato como gobernador concluye en 2027 y que no se postulará nuevamente.
No obstante, desde 1988 hasta hoy el único mandatario que intentó usar aquella prerrogativa fue el radical Eduardo Brizuela del Moral, quien fracasó en su búsqueda del tercer mandato al caer en las elecciones en 2011 a manos de la peronista Lucía Corpacci, su exvicegobernadora en tiempos de la transversalidad kirchnerista.
Jalil propuso reformar los siguientes puntos:
- Limitar la reelección de los cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel provincial como municipal (gobernador, legisladores, intendentes y concejales), para evitar la concentración del poder y garantizar la renovación democrática.
- Ampliar el período de sesiones legislativas, comenzando desde el 1° de marzo, para asegurar más tiempo de trabajo parlamentario.
- Implementar una nueva estructura para reducir cargos electivos legislativos sin afectar la representatividad democrática.
- Renovar las cámaras legislativas cada 4 años, en conjunto con la elección de gobernador y vicegobernador, unificando los tiempos políticos.
- Modernizar el Consejo de la Magistratura, fortaleciendo su rol en la selección y control de jueces.
- Actualizar los artículos sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, para adaptarlos a los desafíos actuales y asegurar un manejo responsable de los recursos.
- Incorporar nuevas garantías constitucionales, como el habeas data, habeas corpus, amparo y derecho de réplica.
- Separar el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa, dotando al Procurador General de independencia y autarquía, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia.
- Transferir la Policía Judicial a la órbita del Ministerio Público Fiscal, para mejorar la investigación penal.
- Crear el sistema de enmiendas constitucionales, que permitan realizar futuras reformas constitucionales de manera más ágil.
- Asegurar certeza electoral, estableciendo que las elecciones puedan convocarse hasta 180 días antes del fin de los mandatos, brindando previsibilidad.
- Acceso por concurso a los tres poderes del Estado, garantizando transparencia en la carrera administrativa.
- Reducir la Corte de Justicia a 5 miembros, para hacerla más eficiente.
- Debatir sobre la distribución de gastos del Estado: en planta de personal, obra pública y gastos de libre disponibilidad.
Hoy tuve el honor de abrir un nuevo período de sesiones ordinarias en nuestra Legislatura Provincial. Compartí con nuestros representantes y con el pueblo de Catamarca todo lo que logramos en 2024 y los desafíos que asumimos para este 2025.
Concretamos obras, ampliamos derechos… pic.twitter.com/ndjjrizrjk
— Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) May 1, 2025
Marcha atrás
Curiosamente, los puntos relativos a la Justicia aluden a una medida muy controvertida de la gestión actual. Porque en una misma sesión legislativa, el oficialismo avanzó, a fuerza de número y sin previo aviso, con la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de los miembros de la Corte de Justicia, que hoy propone reducir.
En efecto, en julio de 2000, durante el gobierno del radical Oscar Castillo, la Legislatura había sancionado la Ley N°5012 por la cual se aprobó el decreto acuerdo N°1407 de creación del Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces provinciales.
Exactamente 20 años después, el Gobierno eliminó de un plumazo el organismo y en su lugar creó una Comisión Evaluadora que no ayudó a mejorar la calidad de la Justicia, sino por el contrario. Pero no por falta de rigor: cuando los concursos quedaban desiertos, porque los evaluadores consideraban que los postulantes no cumplían los requisitos, el Ejecutivo quedaba facultado para nombrar fiscales y jueces a discreción o, mejor dicho, con simple criterio político.
Entre los argumentos que el Gobierno defendió para borrar el Consejo era que carecía de rango constitucional y por lo tanto “violentaba” la norma superior de la Provincia. Ahora propone “modernizarlo”, aunque antes tiene que crearlo otra vez.
En aquella polémica sesión en Diputados de julio de 2020, el oficialismo también avanzó con el incremento de los miembros de la Corte de Justicia, que de 5 pasaron a 7. En 2016, durante el gobierno de Corpacci, el máximo tribunal se había incrementado de 3 a 5.
Ambas medidas fueron duramente cuestionadas por la oposición. “Con la eliminación, en una sesión sin debate, del Consejo de la Magistratura y el incremento del número de jueces que integran la Corte, Catamarca retrocede tres décadas. En adelante, será la voluntad del gobernador de turno la que decida la designación de los magistrados provinciales”, se pronunció Rubén Manzi, entonces diputado nacional de la CC-ARI.
Para el Ejecutivo, al aumentar a 7, los jueces de la Corte podrían funcionar divididos por salas, como sucede la Justicia nacional. Cinco años después, se vio obligado a dar marcha atrás sobre sus pasos. Ahora propone volver a 5 cortesanos, para hacer “más eficiente” el tribunal. Los cambios institucionales en Catamarca parecen ser meras pruebas de ensayo y error. Como un experimento.
Pacto social
Desde el punto de vista político, una reforma constitucional es el sueño de todo gobierno, porque significa dejar una impronta duradera sobre el sistema de normas que manejarán la vida de un Estado. Una suerte de piedra basal con nombre y apellido.
Pero para que los ciudadanos que deben elegir a los convencionales constituyentes se interesen y comprometan con ese cambio, es imprescindible que el Gobierno abra el juego a las instituciones de la comunidad.
Eso fue lo intentó hacer Corpacci en su gestión. Ella le encomendó al entonces ministro de Gobierno y actual intendente capitalino, Gustavo Saadi, que trabajara con las fuerzas políticas, instituciones y actores económicos para lograr un conjunto de coincidencias básicas para actualizar la Ley de leyes de Catamarca.
Proponía, entre otras cosas, poner fin a las reelecciones indefinidas en los cargos electivos, establecer que las elecciones sean cada 4 años (y no cada 2), que las sesiones ordinarias comiencen el 1 de marzo (y no en mayo) y que el criterio de selección de los jueces tuviera carácter constitucional. Es decir, lo mismo que hoy busca Jalil. Pero el empeño quedó a mitad de camino porque la oposición se negó a aprobar la ley de necesidad de la reforma.
De acuerdo con el artículo N°281 de la Constitución provincial, una enmienda total o parcial debe contar, en primer lugar, con la aprobación de una ley que declare su necesidad. “Esta ley deberá ser sancionada con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara y no podrá ser vetada”, establece.
En otras palabras, el Gobierno requiere del apoyo de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, ya que no cuenta con los números para aprobar la ley por sí. En el Senado, en cambio, solo necesita tocar el timbre para que bajen y levanten la mano.
De manera que el Ejecutivo está obligado a llegar a un acuerdo con el radicalismo y los libertarios, sobre todo, para que la reforma avance. Pero aparte de la negociación política, también debe mostrar una apertura amplia con las fuerzas vivas, cámaras empresarias, colegios profesionales, académicos y otros representantes de la comunidad. Es una condición necesaria para que la reforma tenga contenido y sustento social.
Escepticismo e inconveniencia
La primera lectura que hizo la oposición de la propuesta de reforma es que el Gobierno sale con este asunto cada vez que tiene problemas en otros frentes. Esto es, que usa la reforma constitucional como estrategia para cambiar el foco de atención sobre problemas tales como el gasto público y los hechos de corrupción.
“El Gobierno no tiene una voluntad real de reformar la Constitución, sino que lanza el tema para tapar la crisis. Además, no tiene diálogo con la oposición, ni siquiera nos reciben para hablar de lo que pasa”, afirmó la presidenta del bloque radical en la Cámara baja, Silvana Carrizo, en el programa televisivo El Ágora, de Canal 10 de Tveo.
En igual sentido opinó el senador nacional Flavio Fama (UCR). “El Gobernador cada vez que tiene problemas en su gobierno nos tira el hueso de la reforma de la Constitución. Creo que se va a quedar en anuncios que no tienen ninguna vocación política”, afirmó. “La idea de reformar las reelecciones indefinidas o de darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura no se va a realizar si no hay vocación política”, añadió.
Por lo pronto, es evidente que la construcción del consenso político todavía ni siquiera tiene los cimientos.
Al margen de eso, hay un aspecto fundamental que no se planteó. Si el Gobierno pretende que la reforma salga este año y, por lo tanto, que los convencionales constituyentes se elijan junto con los candidatos legislativos nacionales, provinciales y municipales en octubre, se produciría una maraña de discursos políticos.
Esto es, la reforma constitucional quedaría subsumida, opacada o desnaturalizada en medio de la puja por las bancas en cada una de las categorías y jurisdicciones. Sería mezclar peras con limones.
En consecuencia, resulta inoportuno proponer un debate sobre temas esenciales de Catamarca a la par de una pulseada coyuntural.
La economía electoral de hacer todo junto para achicar gastos atenta contra el espíritu de la enmienda.