La investigación que lleva adelante el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, que se denominó “La banda de los estafadores”, que comenzó hace varios años y que tras una serie de detenciones se la presentó como una megacausa que ponía en jaque a abogados y empleados infieles del Estado, comienza a empantanarse a medida que las partes intervinientes denuncian graves fallas en la instrucción.
En el decreto de determinación del hecho, Costilla informó que en 2017 en la calle Bernardino Ahumada al 800, Pozo El Mistol, departamento Valle Viejo, y/o en algún domicilio de la ciudad Capital”, Mario Del Campo, su pareja la abogada Rocío Grisel Gordillo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Juan Pablo Collantes y otras personas todavía no individualizadas “elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para efectuar una serie de delitos, cuya comisión y efectos se prolongaron hasta el 22 de marzo de 2025”.
Los integrantes de la banda, comenzando por los cabecillas, comenzaron a ser arrestados el 23 de marzo. Un listado de más de 20, entre empleados del ARCAT, policías, empleados judiciales y del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, a cargo de la jueza María Virginia Cano.
Entre las principales irregularidades están las denunciadas por el abogado Pedro Vélez, que representa a Del Campo y a Agulles, advirtiendo que con el primero, Costilla tiene una enemistad manifiesta, y que a Agulles lo mandó detener por un hecho que no existe. Del Campo, a través de su defensa, afirmó que su detención fue parte de una maniobra irregular orquestada por el fiscal Costilla, a quien también vincula con una presunta animosidad personal en el marco de una causa penal que involucra a su padre, el ex diputado Mario Rodrigo Del Campo, en investigaciones por fraudes procesales.
En cuanto a Agulles, Vélez sostuvo que fue imputado “arbitraria y fantasiosamente por el delito de “asociación ilícita.
La investigación que está desarrollando Costilla “ya no se encuentra en sus albores sino que se encuentra en un estado avanzado, y si no avanzó más es por la propia torpeza del Ministerio Público Fiscal (MPF), que hace cuatro años o más viene tramitando la causa”.
“El representante del MPF ha tenido toda la libertad para obtener toda la evidencia que creyera necesaria, proceder incluso a los secuestros o solicitar los allanamientos y registros que hubiere considerado necesarios para la recolección de cualquier evidencia que estimare conducente al esclarecimiento de los hechos y, fundamentalmente, mi cliente ha prestado una colaboración activa en la investigación”, remarcó.
Sobre la detención de Agulles, dijo que la acusación “se encuentra desmentida por pruebas que el mismo fiscal ya conocía en la causa”.
“Esta causa es una farsa” y “está hecha a medida del señor fiscal que, todos sabemos, tiene varios procesos de jury abiertos y que creemos que ha sido simplemente a los fines de tratar de lavar su imagen ante la sociedad, en una causa que la inventó”, aseguró.
Por su parte, el abogado de Vega, Orlando del Señor Barrientos, denunció que su defendido fue detenido e imputado por asociación ilícita, por documentos que supuestamente firmó en una escribanía del departamento Valle Viejo, siendo que estaba detenido en el penal de Miraflores por otra causa.
“Pedí una pericia caligráfica hace mucho tiempo -desde marzo-, no se hizo y lo mismo fue a control de detención y sigue detenido”, dijo Barrientos.
Costilla “no cumplió con lo que le pedí (pericia caligráfica) y aún así fuimos a preventiva, cuando se trataba de un elemento fundamental de esta defensa. Son terribles las irregularidades que se ven en el expediente. El fiscal no le pidió información al Servicio Penitenciario sobre Vega, quien estuvo detenido todo ese tiempo (durante las estafas)”, agregó.
Otra grave situación está vinculada a la suspensión sin goce de haberes y/o traslado por 60 días que dispuso la Corte de Justicia el 24 de marzo para 12 funcionarios judiciales vinculados a la causa de las usurpaciones, que venció a fines de mayo.
Por falta de avances en la investigación y debido a la falta de pruebas que permita avanzar con los sumarios, todos debieron ser reincorporados en sus puestos de trabajo.
La banda
Para el fiscal Costilla, Del Campo era “el nexo coordinador jerárquico” que seleccionó a “empleados de áreas estratégicas para poder perfeccionar los delitos”. Recibía información privilegiada por parte de empleados judiciales. A su vez, Collantes prestaba su nombre como actor en las ejecuciones judiciales, recibiendo dinero a cambio.
La abogada Gordillo trabaja en Fiscalía de Estado y en la ejecución de los títulos de crédito, patrocinaba en la mayoría de las demandas mientras que Vega prestaba su nombre, al igual que Agulles.
En la mira
Costilla enfrenta pedidos de jury por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Caso ministro Juan Carlos Rojas: para el fiscal de jury de enjuiciamiento no hay elementos en contra de Costilla.
- Absoluciones pagas: sin resolución en la Sala Doble Conforme.
- Caso Wika: hay dictamen para una posible acusación.
- Caso Dolores Del Campo (hija de Del Campo hijo), todavía no se resolvió su admisibilidad.
- Mario Del Campo (h) lo denunció recientemente.