El diputado provincial Alfredo Marchioli, junto al concejal capitalino Fernando Navarro, (UCR), presentaron una acción de amparo ante la Justicia contra la empresa de energía EC Sapem por el cobro de la ocupación del espacio aéreo en las boletas del servicio eléctrico. Los dirigentes esperan que la Justica frene el cobro de esta tasa a la que consideraron “indebida e ilegal”.
“El propósito de esta presentación es evitar que nos sigan cobrando impuestos que como usuarios no nos corresponde pagar. Hemos hecho un gran trabajo entre los equipos de ambos legisladores y entre los vecinos que nos acompañan. Le pedimos a la Justicia que haga justicia y que impida que a los usuarios le sigan cobrando impuestos que no les corresponde. Es la empresa de energía la que hace usufructo del espacio aéreo para distribuir y vender la energía y es el municipio el que ofrece una contraprestación a la empresa manteniendo el espacio aéreo”, dijo Marchioli en diálogo con la empresa a la salida del edificio central del Poder Judicial.
El diputado indicó que la presentación es acompañada por “vecinos de toda la ciudad”. En este sentido, si bien afirmó que son “muchos catamarqueños que se habían inscripto para firmar la presentación, por el propio procedimiento del amparo, se tiene que firmar con puño y letra, así que solo quedaron vecinos de la Capital”. Añadió que para hacer el amparo “se tomó como antecedentes varios fallos que existen en el país” y advirtió que en el caso de Catamarca, “hay un agravante que es, que a esa tasa le aplican IVA, lo que es irrisorio”.
Por su parte, Navarro indicó que previo a esta presentación, “se hizo el reclamo a la empresa en forma escrita y que esta respondió que si bien es cierto que la ordenanza impositiva dice que es ella la obligada a pagar la ocupación del espacio aéreo, el cobro está justificado por los mayores costos que tienen y conforme al contrato de concesión, cosa que no es cierto”.
“Nos ha llevado a realizar este planteo la arbitrariedad y la mentira de la empresa de energía y también la complicidad del ENRE que en lugar de defender los intereses de los vecinos se puso del lado de la empresa”, dijo. “Lo único que esperamos es que nos toque un juez que tenga la fortaleza suficiente teniendo en cuenta que la Justicia ha sido plagada por personas designadas a dedo y muchos jueces le deben favores al gobierno de turno”, añadió.
Finalmente, indicó que la presentación “no plantea que la tasa desaparezca, sino que se la cobre a quien se la debe cobrar”.
Planteo judicial a otro Decreto Acuerdo
El diputado provincial, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), presentó una acción de amparo en contra del decreto 711/25 del Ejecutivo Provincial, que modificó el “estatuto para el personal civil de la administración pública”. El diputado justificó su pedido advirtiendo que el instrumento cuestionado establece “un régimen sancionador más gravoso que el que ya estaba en la ley con faltas absurdas traídas de un sistema autoritario que no respeta los derechos del trabajador, careciendo de toda estabilidad y ejecutividad”.
En este sentido, solicitó su suspensión entendiendo que es inconstitucional ya que modifica normativas vinculadas a derechos humanos y del trabajo que, de acuerdo a la Carta Maga nacional, solo pueden ser alteradas por una ley emitida por el Poder Legislativo.
“El amparo es para frenar este decreto que es totalmente ilegal y que debe ser rechazado de plano en la Justicia”, dijo Ávila luego de realizar el planteo. En la presentación, manifestó que con esta acción “se pretende proteger los derechos y garantías previstos en nuestra Ley Fundamental que han sido violados, y que de manera reiterada y sistemática continúan siéndolo hasta el mismo día en que se interpone esta demanda”.
El diputado señaló a Jalil como el principal responsable de querer llevar “un feroz disciplinamiento de los trabajadores estatales provinciales que están bajo contrato o planta permanente, modifica el estatuto del empleado público provincial y no lo puede hacer por decreto, lo tiene que hacer a través de una Ley”.n