La violencia es una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Es cultural, traspasa todos los niveles sociales y sucede en todas las etnias. Es una conducta que se aprende y se replica. En Catamarca, las estadísticas reflejan la magnitud de esta problemática cada vez más visibilizada. Actualmente, tres jefes comunales (uno de ellos con mandato cumplido) tienen causas abiertas. Las denunciantes son sus exparejas. También se suman dos intendentes y otros delegados municipales que ya pasaron por el banquillo de los acusados. Ellos fueron condenados por delitos contra la integridad sexual.
La denuncia más reciente es contra Julio Fernández Taritolay, ex intendente de Antofagasta de la Sierra, a mediados de este mes. Su expareja se presentó en la Unidad de Violencia Familia y de Género, en la capital catamarqueña, para radicar la denuncia. No obstante, en agosto último la expareja había realizado la primera denuncia. A la vez, había pedido la exclusión del hogar y otras restricciones.
“En un principio, a través de violencia verbal, como así también ejerciendo violencia psicológica y económica; también un férreo control sobre mi persona, hasta que dicha violencia fue escalando al punto de llegar a la violencia física en varias ocasiones. Aclaro que no denuncié dichos hechos en su momento tanto por temor a sufrir un daño mayor, pues siempre me amenazaba que si lo denunciaba me iba a matar, como para no perjudicarlo dado que es un hombre público y de gran poder, ya que ejerció la intendencia de Antofagasta de la Sierra hasta diciembre del año 2023”, asentó.
En 2019, la ex esposa de Franco Carletta, intendente de Icaño, La Paz, lo denunció por abusar sexualmente de ella cuando ya estaban separados de hecho. Sin embargo, esa denuncia, que comenzó a ser instruida en Córdoba, lugar donde ella residía, fue desestimada un año después por la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, quien al mismo tiempo de pedir el archivo decidió no aceptar como querellante a la mujer. El planteo de oposición se realizó en julio de 2020 y la jueza de Garantías, Corina Pérez, resolvió a favor de la denunciante. En aquel momento, la jueza no hizo lugar al pedido de archivo y había dispuesto que debía continuar con la investigación a los fines de no vulnerar la normativa internacional que protege los derechos de las mujeres.
El jefe comunal presentó un recurso en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. El Tribunal de Alzada dispuso no hacer lugar a la prescripción de la acción penal por lo que el jefe comunal quedó cerca de la elevación a juicio. No obstante, Carletta sumó otra causa. Su hija lo había denunciado por lesiones. La denuncia data del año 2018 y la causa fue elevada a juicio en 2021. La defensa del jefe comunal se opuso. Sin demora, el expediente se mantuvo quieto en la Cámara de Apelaciones y la causa prescribió por el tiempo transcurrido dado que la pena por lesiones leves es menor, dos años y tres meses. En marzo de 2023, el intendente del departamento Pomán, Francisco Gordillo, fue denunciado por su exesposa por un hecho de violencia de género. La mujer lo acusó por agresión física. Por este hecho fue imputado por “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género”. Durante la indagatoria se mantuvo en silencio. La causa estaría próxima a ser elevada a juicio.
Mitos a derribar
“Las relaciones de violencia son abuso de poder. El delito y la violencia fracturan la vida de una persona; generan sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad”, advirtieron profesionales en esta temática. A la vez, se indicó que en este ámbito, tanto niños, niñas y adolescentes como personas adultas mayores (ambos grupos socialmente vulnerables) suelen ser las víctimas indirectas.
Uno de estos mitos asevera que “los violentos son enfermos mentales”. Al respecto, se remarcó que relacionar la violencia con la enfermedad mental es minimizar y desvalorizar la violencia en sí misma. “La violencia no es una enfermedad. Solo el 10 % de las enfermedades mentales presentan episodios de violencia que tienen que ver con el desequilibrio y las crisis de las personas que padecen”, se explicó.
Otro mito: “El alcoholismo y las drogas son causantes de violencia”. Las drogas y el alcoholismo no son los causantes de la violencia. No obstante, se aclaró que sí facilitan las expresiones de violencia porque desinhiben el sistema nervioso central. A la vez, se señaló que muchas personas tienen un consumo problemático de alcohol u otras sustancias y no son violentas y otras personas son violentas y no consumen sustancias tóxicas.
“La violencia familiar es un problema de los pobres y de las personas sin educación” dice otro mito. También es falso. “Los mitos justifican, legitiman y ocultan la violencia. Son preconceptos; debemos deconstruir esas creencias. La violencia intrafamiliar es un flagelo que atraviesa a toda la sociedad y en todos los niveles de instrucción. La pobreza y la falta de instrucción, en todo caso, pueden ser factores que ayuden a su visibilidad o manifestación. Su contraparte, un mayor nivel adquisitivo o un mayor nivel de educación pueden refinar las acciones de la violencia y pueden ayudar al ocultamiento de la violencia. Eso no significa que no exista en otros niveles sociales”, se detalló.