martes, 6 de agosto de 2024 03:01
Cruces esvásticas, mensajes de odio, crimen, amenazas. Un violento hecho registrado en Córdoba generó, por sus preocupantes condimentos, inquietud en todo el país, y no es para menos, ya que revuelve de manera sangrienta heridas de un pasado nefasto que atravesó a generaciones de argentinos y al parecer no concluyó. El grave suceso se desató a partir del homicidio de Susana Montoya, asesinada de un golpe en la cabeza y una herida de un elemento cortante. Montoya era compañera de un policía y militante del ERP que en septiembre de 1979 fue secuestrado, cruelmente torturado y asesinado. Su caso fue uno de los que sirvieron para comenzar a juzgar y a condenar a la patota de la fuerza provincial que encabezó el terrorismo de Estado en el territorio, el temible D2. En diciembre pasado, su hijo Fernando Albareda había sido amenazado en la puerta de su casa. El último día que Fernando vio a su mamá fue el jueves pasado, por la tarde, cuando la llevó al médico. La esperó un rato en la puerta del consultorio y tuvo que irse a cumplir otras obligaciones familiares. Al día siguiente la llamó varias veces por teléfono, pero no hubo respuesta. El viernes por la tarde pasó por la puerta de la casa de Susana y algo le provocó un mal presagio. “Las persianas bajas, imposible que mi mamá no las hubiera levantado”, relató el hombre en diálogo con diversos medios de comunicación. Pidió a una vecina que le dejara subir al techo para observar si encontraba algo más extraño. Entonces sus presentimientos se confirmaron: su mamá yacía en el piso del patio.
Organismos de derechos humanos de Córdoba se declararon “consternados, preocupados y ocupados” por el violento asesinato de Montoya y las amenazas “que cobardemente dejaron dirigidas a toda su familia donde firmaba #policía”. A través de un comunicado que firman las regionales locales de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asociación de ExPresos Políticos de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos. También exigieron “la urgente investigación y el esclarecimiento de este hecho como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de la familia denunciadas con anterioridad”. La investigación por el crimen de Montoya quedó en manos del fiscal del distrito, Juan Pablo Klinger.
Medio siglo ha transcurrido desde los albores de la guerra sucia que desangró al país entre subversión, represión y terrorismo de Estado. Tanto dolor, tanta muerte, tanta masacre, habrá sido en vano si el país no aprendió la lección de que la violencia jamás es el camino. Aparentemente, algunos no leyeron el Nunca Más, o no comprendieron su mensaje. Y es inquietante, porque el país entero sabe hacia dónde conducen esos niveles de odio que aparentemente siguen vigentes.
El Esquiu.com