La trastienda de la conciliación que cerró la causa penal por el asalto a un procesado por las estafas perpetradas en “RT Inversiones” ofrece indicios de una pelea por el botín de las criptoestafas que se despliega al margen de los expedientes federales, al amparo de la incompetencia, desidia o complicidad de operadores judiciales.
La carátula de la investigación sobre el controvertido acuerdo es casi una confesión de parte. El fiscal General, Alejandro Gober, se la encomendó a la fiscal Paola González Pinto con referencia explícita a las “notas periodísticas del Diario El Ancasti de fecha 10 y 12 de diciembre de 2024”, en las que se informó sobre el acuerdo de partes entre Matías Rolón Reynoso, ex ejecutivo de la financiera del Clan Bulacio y los cuatro sujetos que lo habían asaltado a punta de pistola en septiembre en su casa de barrio Parque América. Esto es: el Poder Judicial se movilizó recién cuando el disparate de beneficiar con el sobreseimiento a una pandilla de asaltantes a cambio de una indemnización fue cuestionado por este diario ante la opinión pública.
Puede parecer presuntuoso resaltar el detalle, pero se verá que es necesario para ajustar el análisis general del proceso. Es evidente que la Fiscalía General desconocía el convenio, pues de haberlo conocido tendría que haber actuado antes de que quedara expuesto.
En cualquier caso, la investigación destapó una trama que remitió a la primera señal de vínculos promiscuos entre operadores judiciales y criptoestafadores, un episodio que más de uno preferiría sepultar en el olvido: Edgar Adhemar Bacchiani fue “sponsor” del equipo de fútbol del Colegio de Abogados que salió campeón nacional de los picapleitos en San Juan en octubre de 2021.
Del exitoso elenco formaban parte caracterizados miembros del Poder Judicial local.
Entre ellos estaba el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Leandro Costilla.
RT Inversiones y Bacchiani
Costilla fue quien propuso el acuerdo entre Rolón Reynoso y sus asaltantes. El juez de Garantías Rodolfo Maidana lo homologó el 9 de diciembre pasado. Los dos magistrados fueron acusados por este trámite ante el Jury de Enjuiciamiento, que se activará con la conclusión de la feria esta semana.
El pedido de nulidad del acuerdo por “cosa juzgada írrita”, elevado el viernes por la fiscal González Pinto a la Sala Penal de la Corte, desacredita el desempeño de ambos en el caso específico de Parque América, pero es la segunda vez que Costilla queda envuelto en controversias por causas relacionadas con las criptoestafas.
En octubre del año pasado, el juez de Garantías Marcelo Sago le rechazó la pretensión de desestimar y archivar una causa penal iniciada por Cristian Guillou por la posesión del complejo nocturno Wika, vinculada al caso Bacchiani.
La sentencia de Sago incluyó críticas tan duras como inusuales contra el fiscal por no haber profundizado la investigación sobre los elementos que marcaban la articulación de maniobras tendientes a insolventar a Bacchiani o despojarlo de su patrimonio. En estas operaciones aparecían comprometidos el ex abogado del “trader”, Lucas Retamozo, y la escribana Joaquina Córdoba Gandini.
El mismo Costilla imputó a Guillou en una causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada por el abogado Carlos Correa, ex asesor de Bacchiani, con la firma de la ex esposa del financista, Celeste Zaraive Garcés Rusa, quien aseguró que nunca firmó tal escrito.
No trascendieron acciones judiciales sobre esta supuesta denuncia fraudulenta interpuesta por un abogado del foro, tampoco planteos o medidas de oficio del Colegio de Abogados, pero Correa es sindicado por Bacchiani y su ex como partícipe de chantajes con los que los habrían obligado a transferir propiedades inmobiliarias. Los trámites notariales de este presunto saqueo habrían sido oficializados por la escribana Córdoba Gandini, en las gestiones habría colaborado Retamozo.
Adicionalmente, el expediente Bacchiani contiene elementos cómicos, como el chat entre Retamozo y un contacto identificado como “Carlos Correa”.
Días antes del 13 de diciembre de 2022 en que lo detuvieron, Retamozo le consultó al tal Correa qué hacer con su celular. Correa le recomendó no entregarlo.
“Lo tiro al techo. Cómo hago, culiao. ¿Cómo hizo la Joaquina?”, preguntó Retamozo.
El pobre presentía su caída y exploraba salidas. En su celular quedaron registradas las búsquedas “cómo borrar todo del iphone ante un allanamiento” y “cómo hacer para borrar todo del iphone”.
Celoso
Los singulares criterios procesales de Costilla se impregnan de sospechas con el celo que ha empeñando para encapsular información sobre las criptoestafas, más sugestivo porque en su Fiscalía fueron a caer dos expedientes conectados con los depredadores más importantes en la captura de inversores.
En agosto de 2023 le negó al Juzgado Federal copias del expediente Wika, con el argumento de que no se había “emitido imputación sobre las personas allí aludidas, por lo cual el suministro de las mismas iría en desmedro de esta pesquisa al brindarle la posibilidad que esas personas conozcan de manera anticipada probanzas que podrían dar base a una futura plataforma fáctica”.
Un año después quiso archivar la causa sin investigar a “las personas aludidas”, Retamozo y la escribana Córdoba Gandini entre ellas.
Tampoco respondió a un pedido del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz del 9 octubre del año pasado por la causa del asalto a Rolón Reynoso.
Como el ex ejecutivo de “RT Inversiones” está procesado por los fraudes de esa financiera, el federal quería que Costilla le facilitara “a ‘effectum videndi et probando’ (con el fin de ver y probar), copias certificadas del acta del procedimiento” del atraco, “específicamente fotos del mismo y registros de elementos secuestrados, constancias de los elementos sustraídos por los imputados en la causa”. También pidió que “informe si se secuestró dinero, en su caso montos y moneda”.
El fiscal provincial no solo no contestó, sino que un mes después consiguió la homologación de las absoluciones pagas. Resuelto tan expeditivamente este asunto, devolvió todo lo incautado, incluida la computadora de Rolón Reynoso y los teléfonos, que podrían contener información valiosa para los pesquisas de las criptoestafas.
La investigación de la fiscal González Pinto detectó un detalle delicioso: Rolón Reynoso está con prisión domiciliaria e inhibido, de modo que no puede disponer de bienes ni dinero, pero entre agosto y diciembre del año pasado sus cuentas registraron más de 400 transacciones por un total de alrededor de 40 millones de pesos entre débitos y acreditaciones.
Cabe preguntarse cuál sería el volumen de los movimientos del muchacho si estuviera libre.
La minucia no parece haber sido advertida por Costilla.