sábado, 5 de abril de 2025 13:30
Con más de la mitad de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibiendo menos de $400,000 mensuales, la situación financiera se vuelve insostenible para muchos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, esta suma apenas cubre un tercio del costo de la canasta básica para un adulto mayor, que asciende a $1,200,000.
Ante esta realidad, muchos jubilados se ven obligados a buscar fuentes adicionales de ingreso o depender de ayudas externas para llegar a fin de mes. Esta necesidad se intensifica a medida que el Estado y las empresas privadas presionan a los hombres que cumplen 65 años y a las mujeres que cumplen 60 para que inicien los trámites de jubilación, lo que significa resignar automáticamente más del 40% de su sueldo neto.
La jubilación se convierte en una exigencia que puede estar motivada por la necesidad de liberar vacantes en el sector público o por austeridad en el ámbito privado, lo que deja poco espacio para la negociación. La ley establece que, al cumplir con la edad para jubilarse, el empleador puede intimar al trabajador a comenzar su trámite en un periodo máximo de un año.
Los trabajadores precarizados, como los monotributistas, pueden acceder a un haber mínimo de ANSES a través del sistema de moratoria, aunque esto no modifica la relación laboral si se llega a un acuerdo para continuar trabajando. En este caso, tanto el empleador como el empleado siguen haciendo aportes previsionales, aunque a diferentes escalas.
Para aquellos que decidan seguir trabajando después de jubilarse, el proceso implica obtener un turno en la oficina de ANSES correspondiente y presentar la documentación necesaria, incluyendo el DNI y el último recibo de sueldo. Los datos personales deben estar actualizados en el sistema de ANSES para evitar contratiempos.
Es importante señalar que, aunque los jubilados pueden aumentar sus ingresos al continuar trabajando, esto no implica un recálculo del haber que perciben de ANSES. Además, al pasar a ser jubilados monotributistas, la antigüedad laboral se reinicia y el nuevo período de trabajo comienza a contarse desde la fecha de jubilación, con implicaciones directas en posibles indemnizaciones.
Finalmente, al jubilarse, la atención de salud pasa a estar bajo la órbita de PAMI, aunque el empleador tiene la opción de mantener la cobertura de salud que otorgaba anteriormente. Con un contexto económico desafiante, los jubilados enfrentan una multiplicidad de decisiones que pueden afectar su bienestar y calidad de vida.