1 de agosto de 2024 – 00:16
La sostenida aproximación al banquillo de los acusados de Elpidio Guaraz revela una de las razones por las que se aferraba tanto a la intendencia de Santa Rosa, adicional a los obvios beneficios que obtenía de tal posición pero no del todo secundaria: la por lo general remolona Justicia catamarqueña recupera celeridad en cuanto los denunciados son despojados de los atributos del poder. Incluso pueden notarse síntomas de sobreactuación cuando los márgenes de impunidad proporcionados han sido tan evidentes como en el caso del tan emblemático como controvertido caudillo bañadense.
Guaraz perdió la intendencia en las elecciones del año pasado, tras cuatro ejercicios signados por escándalos, arbitrariedades y denuncias penales y administrativas de toda laya. En 16 años, ninguna de los expedientes abiertos en su contra registró avances significativos. Privado del cargo y la protección del poder, los trámites de una causa por supuesto abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 16 años iniciada en 2021 se precipitaron y la Cámara Penal Nº 1 decidió someterlo a juicio oral y público a partir del 10 de septiembre.
Aunque a Guaraz le queden todavía mecanismos para dilatar el proceso, su peripecia es interesante como indicio de las variaciones que experimenta el criterio judicial conforme a la ubicación del encartado en la escala del poder. O la cara del cliente.
No solo se trata de la extraordinaria casualidad de que un juicio por semejante cargo se active recién cuando el procesado cae en desgracia. Peor es constatar que por mucho menos cualquier pobre infeliz va preso con pitos y flautas, enajenado de las facilidades para estirar procedimientos que se le admiten a los poderosos.
Estos privilegios resultan más ostensibles con Guaraz, que confesó en declaraciones públicas el abuso.
La víctima asegura que el exintendente la sometió a ultrajes desde que tenía 16 años, y la tenía bajo una permanente vigilancia que incluía encerrarla bajo llave. Además, la amenazaba con privar a su familia de los beneficios que en su condición de intendente les había otorgado, a cambio de los cuales habrían consentido que la muchacha viviera con él.
Recién consiguió escapar a semejante calvario cuando tenía 20 años. Radicó la denuncia en la Capital, porque en Santa Rosa nadie osó recibírsela por complicidad con el intendente o miedo a las represalias que pudiera tomar.
Guaraz declaró que mantenían una relación de pareja.
«Luego nos distanciamos y aparentemente eso le ha caído muy mal a ella”, dijo.
Debe haber sido un romance idílico: ella tenía 16 años y él 52; ella era una muchacha de familia humilde, y él el capanga de Santa Rosa.
La cuestión es que Guaraz, intendente, mantuvo relaciones sexuales con una adolescente. Aunque hubieran sido consentidas por la muchacha y exentas de presiones, constituyen un delito.
La desmesurada asimetría debería haber bastado para que el argumento fuera considerado prácticamente una confesión de parte, pero Guaraz recién lo volcó en autos cuando se le acabó el hilo al carretel de las maniobras leguleyas y debió allanarse a prestar declaración indagatoria, 16 meses después de ser acusado.
En ese lapso la joven fue interrogada tres veces.
A la morosa acción judicial debe añadírsele el blindaje político. Guaraz fue habilitado para candidatearse a un quinto mandato por el justicialismo a pesar de la denuncia en su contra y de haber admitido lo que por lo menos era un estupro. La Rama Femenina del PJ le legitimó, aparte, la inauguración de una Casa de la Mujer en Santa Rosa, cínica maniobra que encastró con el hostigamiento a la denunciante.
El mensaje judicial es bastante equívoco. El problema de Guaraz no parece pasar tanto por el abuso o su extenso historial de transgresiones, sino por haber dejado de ser intendente. Es decir: la Justicia patea en el piso y suma estímulos para aferrarse al poder como garrapata.n