La situación de vulnerabilidad extrema en la que vivía Alicia Suárez, asesinada el pasado domingo en el barrio Altos de Choya, en el norte de la Capital, es similar a la que viven muchas mujeres y también hombres sin que el Estado aborde esa problemática del modo más adecuado.
La mujer tiene hijos que no se encuentran con ella porque están institucionalizados, vivía en la extrema pobreza, sin ingresos, en una casa donde no había el servicio de energía eléctrica y sin sanitarios. Dormía en el piso y comía en un comedor del barrio. El padre de sus hijos se encuentra cumpliendo una condena en el Servicio Penitenciario Provincial.
Según trascendió, las precarias condiciones en las que apenas subsistía Alicia eran conocidas por la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, tal vez más por la situación de sus hijos que por la de ella misma.
El Estado tiene programas de asistencia y desarrollo social dirigidos a los grupos de mayor vulnerabilidad: niños, ancianos, personas con alguna discapacidad, por ejemplo, pero no son habituales las intervenciones para contener a personas en edad adulta, menores de 60 años y sin alguna discapacidad. No integran por sí un grupo vulnerable y se presentan como casos aislados, aunque sean muchas las personas que se encuentran estas condiciones.
La identificación de los casos requiere de un esfuerzo especial de parte del Estado, en cualquiera de sus niveles, para que pueda asistir a las personas que se encuentran en esa situación a través de distintos mecanismos. Es clave en este caso entender el concepto de vulnerabilidad, que se vincula en el caso de las personas con los riesgos que corren por las necesidades económicas que padecen, problemas de salud física o mental o todo aquello que las ponen en riesgo de exclusión social.
Como se dijo, una porción de estas personas no integra un colectivo vulnerable en sí mismo. Y a veces, incluso, por su condición de vulnerabilidad ni siquiera es consciente del riesgo extremo en el que se encuentra. El rol atento en este tipo de situaciones de parte de las instituciones del sector público es fundamental para llegar con medidas eficaces de contención, que al mismo tiempo sean preventivas respecto de la profundización del estado de vulnerabilidad y de desenlaces dramáticos, como el que padeció Alicia u otros igualmente lamentables.
En función de la retirada del Estado nacional de muchas de sus funciones clásicas a partir de la asunción del gobierno libertario, incluidas las relacionadas con la asistencia y el desarrollo social, provincias y municipios cumplen un papel central tanto en la detección como en la contención de casos de extrema vulnerabilidad. Es imperativo que la presencia pública contribuya a que este tipo de casos no sigan ocurriendo con una frecuencia y gravedad que ponen a toda la sociedad en alerta.