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San Fernando del Valle de Catamarca
15 enero, 2025

En la gestión de Fabiola Segura se incrementaron casi todos los tipos de delitos

Tampoco hubo explicaciones de Segura ni de su Ministerio en hechos vinculados al narcotráfico, a pesar de que se hayan logrado secuestros gracias a las fuerzas provinciales. En mayo de 2023, por ejemplo, el tristemente célebre Ariel Alanís, condenado en 2017 en una causa por narcotráfico, fue detenido nuevamente en un operativo en el que se secuestraron unos 200 kilos de marihuana. La oposición rápidamente vinculó el hecho con las conexiones políticas de Alanís, que no fueron desmentidas por nadie en Seguridad. Tampoco las hubo tras el secuestro de 54 kilos de cocaína en una narcoambulancia que ingresó a Catamarca en una supuesta clave roja. El vehículo fue detenido en el control caminero de El Portezuelo, pero para llegar allí ya había cruzado otros antes con total tranquilidad.

Estadísticas

Una comparación entre las denuncias y actuaciones de oficio informadas por la Corte de Justicia en su memoria anual presentada en la Legislatura muestra que en Catamarca han crecido las denuncias de prácticamente todos los delitos relevados. Esto, además, es una comparación entre los datos de 2022 y 2023, que no incluyen los del año pasado porque esos datos no están disponibles aún.

Según estas estadísticas, el total de denuncias aumentó en un 10%, de 25.271 causas atendidas en 2022 a 27.810 en 2023. Esto sin contemplar los cientos de hechos en los que la gente decide no realizar ninguna denuncia.

En tal sentido, los hechos vinculados a delitos más comunes en Catamarca aumentaron entre un 5 y un 55%: robo (5%), amenazas simples (10,7%), hurto (13%), lesiones (9,5%), violencia familiar (28,5%), accidentes de circulación (10,8%), estafas y otros fraudes (55,3%), daños (12,8%), robo en grado de tentativa (34,4%) y abuso sexual (44%). Estos diez tipos de hechos constituyeron el 75% de las denuncias o actuaciones de oficio de las distintas fiscalías provinciales.

También aumentaron las denuncias por desobediencia judicial, hurto en grado de tentativa, desaparición de persona o fuga del hogar, resistencia a la autoridad, retención indebida, apremios ilegales (45 hechos en 2023, casi uno por semana), acoso sexual, exhibiciones obscenas, extorsión, privación ilegítima de la libertad, mala praxis y corrupción de menores. Sin contar que se registraron 17 hechos de homicidio culposo, tres homicidios en grado de tentativa y un homicidio doloso.

Según registros del Ministerio de Seguridad de la Nación en cuanto al narcotráfico, además, aumentaron un 371% los hechos de tenencia simple y un 22% los hechos de contrabando simple.

Relación con las fuerzas

El 30 de diciembre asumió Walter Quiroga como jefe de Policía y es el tercero durante la gestión de Fabiola Segura después de Ulises Córdoba y Ángel Agüero. La decisión provocó un revuelo en la fuerza, porque Quiroga, hasta entonces jefe de la Regional nº1, había sido denunciado por un subalterno por presuntas amenazas 20 días antes de que le dieran el nuevo cargo, pero además ya había sido denunciado penalmente en varias ocasiones por hostigamiento y persecución: la más resonante fue efectuada por familiares del oficial principal Wilson Leguizamón (37), quien el 4 de mayo se quitó la vida.

Anteriormente, ya había sido discutida la salida de Martín Castelli como director de Defensa Civil en octubre de 2023. Nunca trascendieron las razones oficiales del cambio, pero Castelli estaba en el cargo desde 2015 y su gestión había sido reconocida incluso en el cambio de Gobierno de Lucía Corpacci a Raúl Jalil. Ante los rumores de “disonancias” con la ministra Segura, surgió un posteo en Facebook del diputado Juan Denett (UP), quien remarcó que “solo los que estuvimos en el barro al lado tuyo conocemos y sabemos de tu entrega, tu preparación, la vocación de servicio y el amor al prójimo; cosas que nunca entenderán las y los que toman las decisiones desde el calor de sus despachos, en la comodidad de sus sillones”.

Pero la relación con la Policía viene en tensión producto de las negociaciones salariales que no conforman a los uniformados, ni a sus familias. En febrero del año pasado, por ejemplo, producto de estas tensiones hubo un enfrentamiento entre policías retirados, personal del servicio penitenciario y policías en actividad, cuando un grupo de los retirados intentó ingresar por la fuerza a Casa de Gobierno.

Por entonces, Segura propuso crear una mesa de salario. Allí se propuso sostener el diálogo salarial entre agosto y septiembre, analizando los índices inflacionarios, cosa que no volvió a ocurrir y que provocó un nuevo reclamo, esta vez menos violento, en noviembre pasado.

Cobertura legislativa

Segura resistió en septiembre de 2024 dos pedidos de interpelación, de los cuatro que presentó la oposición durante toda su gestión. En ese momento, la oposición quería explicaciones ante la falta de respuestas del Ministerio ante un pedido de informes respecto de las políticas de seguridad y prevención, que había sido presentado por Silvana Carrizo (UCR), y a la conexión se Segura con el asalto a Parque América, que había sido planteado por Hugo Ávila (FAC). El oficialismo logró evadir este procedimiento haciendo pesar su mayoría en las bancas.

Hubo otros dos pedidos de interpelación que no prosperaron: uno se presentó en 2022, vinculado a la supuesta participación de fuerzas parapoliciales en los enfrentamientos con asambleas ambientalistas antimineras en un corte selectivo de la huella minera hacia el proyecto MARA, presentado por la UCR, el PRO y el FAC; y el otro vinculado al caso Rojas, presentado exclusivamente por Ávila (FAC).

Silencio llamativo

En el marco de la causa conocida como la “impunidad tarifada”, en la que el fiscal Hugo Costilla y el juez Rodolfo Maidana absolvieron a los cuatro integrantes de la banca acusada de asaltar a mano armada a los hermanos Rolón Reynoso en el barrio Parque América, hubo elementos que pusieron en duda la conexión política del hecho.

El principal es la participación de Camilo Carrizo, hermano del intendente de Saujil y primo hermano de la ministra Segura. Con el correr de los días se conoció, además, que Carrizo había tenido un cargo en la EC SAPEM hasta marzo de 2023, el que dejó unos meses antes de empezar a percibir una pensión por invalidez en ANSES, que casualmente consiguió en el mismo período que su hermano Enzo era titular de la UDAI Catamarca. Pero además, Carrizo era proveedor del Estado y había logrado varias ventas de elementos al Ministerio de Seguridad que conduce su prima Fabiola: solo en un expediente entregó 320 conos señalizadores, 80 matafuegos, 60 bastones luminosos para balizas señalizadoras, 60 balizas intermitentes, 300 cintas señalizadoras de peligro y 120 pilas alcalinas de primera marca, todo por unos 41 millones de pesos, que fueron repartidos por Segura en distintas comisarías.

Sobre estos últimos episodios, Segura tuvo a mano todos los elementos para despegarse: pudo decir que a su primo lo detuvieron en cuestión de horas, que ella nada tiene que ver con la decisión de jueces y fiscales, o que los expedientes de su primo se tramitaron desde la Secretaría de Compras. Nada de esto fue señalado por la ministra, que eligió el silencio para sobrepasar la tormenta.

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