Con el respaldo del bloque oficialista, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli rechazará el pedido de sesión especial solicitado por el diputado del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila, para conformar una Comisión especial de seguimiento a la causa de la “banda de los usurpadores”.
El diputado Ávila había presentado la nota ante la presidenta del cuerpo, junto con las 14 firmas necesarias, apoyándose en lo estipulado por el artículo 45 del reglamento interno de la Cámara baja.
A pesar del respaldo de varios bloques de la oposición, el oficialismo decidió no convalidar la convocatoria de Ávila amparándose en dos antecedentes donde la oposición también pedía la realización de plenarios especiales.
En este sentido, esos pedidos se presentaron durante la gestión de Cecilia Guerrero como presidenta de la Cámara de Diputados, y el fundamento del rechazo fue que no se pueden convocar a sesiones especiales fuera del periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias previstas en la Constitución provincial.
Para fundamentar su pedido, Ávila había expresado su preocupación por la falta de acción desde la Cámara de Diputados ante el escándalo de las estafas y planteó la necesidad de que el cuerpo interviniera de manera urgente para “proteger los derechos de los ciudadanos afectados”. El proyecto de la Comisión especial de seguimiento no solo iba a hacer foco en la investigación que lleva adelante el fiscal nº5, Hugo Costilla, sino en hechos similares de usurpaciones que se denunciaron en el interior de la provincia. Sobre este tema, Ávila había denunciado la participación de jueces, funcionarios e intendentes.
Rechazo
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Gustavo Aguirre, explicó a El Ancasti, que el rechazo al pedido de sesión especial solicitado por el diputado Ávila responde a una serie de antecedentes en la Cámara. “Hoy estuvimos reunidos con la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli y ella nos mostró los antecedentes que existen en la Cámara sobre convocatorias de sesión especial en época de receso”, señaló Aguirre.
Aguirre también hizo hincapié en que “en las presidencias anteriores se ha rechazado justamente estos pedidos, porque la Constitución de la Provincia establece y solamente reconoce dos tipos de sesiones, una es la ordinaria y otra es la extraordinaria”. “La sesión especial es una creación del reglamento interno de la Cámara de Diputados, pero la interpretación que viene tomando la Cámara a lo largo del tiempo es que esa, al ser una creación del reglamento se puede dar siempre y cuando sea dentro de una sesión extraordinaria o de una sesión ordinaria”, argumentó el legislador.
Desde un punto de vista técnico, Aguirre dejó en claro que el rechazo no implica que el proyecto no pueda ser debatido en el futuro. “Esto no significa que ese proyecto no se pueda tratar cuando inicien las sesiones ordinarias. Tomará el estado parlamentario y pasará a una comisión y tomará el curso natural que tiene cada uno de los proyectos que se presentan”, explicó.
Sin embargo, el legislador también expresó que “nosotros como bloque no estamos de acuerdo con que se conforme una comisión de seguimiento por una causa judicial. Creemos que no es sano ni para la investigación ni para el funcionamiento de las instituciones que en un año electoral la política se meta en una investigación judicial que está en marcha”. “Aparte, ya hay detenidos y se está avanzando en la investigación”, concluyó Aguirre.
El bloque de diputados de la UCR emitió un comunicado expresando su “preocupación” por el “alarmante y escandaloso circuito de funcionarios del Estado, que ha degradado a la provincia en una red mafiosa operando con total impunidad a través de organismos públicos y privados, en violación intolerable de los principios del Estado de derecho”.
Asimismo, señalaron que “la inseguridad jurídica generada por tales prácticas está erosionando la confianza de la ciudadanía” y advirtieron que Catamarca se enfrenta a “una crisis reputacional sin precedentes en la historia de sus instituciones, donde la complicidad judicial, política y policial ha permitido que estas prácticas funcionen con una alarmante impunidad”.