Aunque los jueces consideraron que no había elementos para destituir al juez Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Miguel Ángel Aybar, que llegó al jury acusado por retardo judicial reiterado; el Tribunal de Enjuiciamiento sí consideró propicio recomendarle al juez que “extreme las medidas” para ponerse al día con los expedientes que aún tiene sin resolver. Así se conoció ayer, en los fundamentos del fallo que lo absolvió el pasado 13 de marzo. También hubo una crítica a la acusación realizada por el fiscal Augusto Barros.
Tras un juicio que duró tres días, Aybar evitó la destitución gracias a los votos del presidente de la Corte, Hernán Martel; del diputado Carlos Marsilli (UCR) y de los abogados Cecilia Martín y Federico Pague. En un extenso análisis de la cantidad de causas que debían atribuirse o no al posible retardo judicial y del desempeño del juez, esta mayoría consideró que no logró acreditarse una causal que demuestre el mal desempeño de Aybar en sus funciones, “ni una conducta abiertamente negligente, desaprensiva e incompetente, que demuestre un grave descuido de sus deberes o una deliberada atención deficiente de los mismos”.
Sin embargo, advirtieron que, como el jury solo puede resolverse por la absolución o la destitución sin intermedios, correspondía “recomendar al juez Aybar que extreme la adopción de todas las medidas que estime conducentes para el trámite preferente y pronta decisión de las causas aún pendientes de sentencia a la mayor brevedad posible”.
En tal sentido, el Tribunal consideró que el Juzgado de Aybar no tenía 455 causas pendientes sino 187. Llegaron a esa cifra luego de hacer una curación del listado que fue ofrecido por la Secretaría de Sumarios de la Corte. En ese proceso, retiraron del listado 13 expedientes que estaban repetidos, dos expedientes en los que Aybar se había inhibido de actuar y otros dos que tenían decretado el archivo. Con estos, el número bajaba a 438 expedientes sin resolución. Sin embargo, el Tribunal valoró como positivo que en el lapso de tiempo que transcurrió entre la auditoría que le realizaron, el 23 de junio 2023; y la fecha en la que quedó firme su enjuiciamiento, en diciembre de 2024, el juez logró cerrar otras 218 causas. Con eso, el número bajó a 220 expedientes. Pero el recorte no quedó allí, sino que esa lista se volvió a depurar eliminando aquellos expedientes cuyo decreto de llamado de autos para sentencia tuvieran una antigüedad de entre 1 mes y 5 meses al momento de la auditoría, es decir entre febrero y junio de 2023: allí descartaron otras 33 causas “cuya demora no resulta significativa en absoluto”, con lo que llegaron a las 187 finales.
Por otra parte, la mayoría del Tribunal valoró que del análisis de los testimonios que se escucharon en el debate, entre los que hubo empleados del Juzgado y abogados litigantes, “no puede dejar de advertirse que el magistrado cumple con dedicación y acabada solvencia sus obligaciones”. “El desempeño general del juez es valorado favorablemente por la comunidad jurídica y no se ha ofrecido como prueba el testimonio de otros letrados del foro que, quizás, pudieran haber tenido una perspectiva diferente sobre el tema”, remarcaron. Se trata de una crítica encubierta a la acusación del fiscal Barros, que solo ofreció como testigos a los autores de la auditoría y el sumario que llevaron a Aybar hasta el banquillo.
Por último, el voto absolutorio contempló además otras tareas del Juzgado que no estaban señaladas en la estadística de la acusación. “En 2023, por ejemplo, en el juzgado se celebraron 1036 audiencias, una proporción de cinco audiencias diarias”, destacaron. También valoraron los reclamos de la falta de personal y de infraestructura.
El voto en contra
Por otra parte, el senador Augusto Ojeda y el diputado Damián Brizuela, ambos del oficialismo, consideraron que estaba constatado el “retardo reiterado, grave, manifiesto y expresamente reconocido” por el juez. “Lo reconoció en su declaración en este juicio, con la salvedad de que el magistrado pretende atribuir la responsabilidad a distintas dificultades ‘del sistema’, sin asumir su responsabilidad personal”, reprocharon.
En tal sentido, señalaron que si se atribuye la mora a la escasez de recursos, es llamativo que “con los mismos recursos humanos y materiales, en menos de un año pudo resolver alrededor de 250 causas”. “La respuesta es obvia: la diferencia entre su actitud pasiva y su actitud altamente diligente es el proceso de enjuiciamiento”, remarcaron.
“No se acreditó que la demora o retardo irrazonable haya estado originada en la complejidad de las cuestiones a resolver, sino en la falta de diligencia y en la omisión reiterada de cumplir con su deber de juzgador”, cuestionaron. Ambos votaron por la destitución. Sin éxito.
Estadística
Fuentes judiciales desmintieron los argumentos esgrimidos por Aybar, que en sus últimas consideraciones antes de recibir la decisión del Tribunal comparó su desempeño con otros juzgados. Aybar había dicho que durante 2024 “la Cámara Civil nº1 dictó 46 sentencias definitivas, la Cámara nº 2 dictó 41 y la nº3 dictó 23”. Sin embargo, aseguran que estas Cámaras dictaron 78, 81 y 84 sentencias definitivas respectivamente el año pasado; y que habían dictado otras 99, 89 y 64 en 2023 respectivamente.n
La década enjuiciada
Roberto Mazzucco
Fiscal de Instrucción nº9. Fue destituido en junio de 2017, acusado por cuatro hechos de peculado y dos de mal desempeño. Entre las denuncias, se lo acusó de pedir dinero para destrabar causas o mover expedientes. También había tenido un entredicho con la Corte por una sanción que recibió.
Marcelo González
Fiscal de la Cuarta Circunscripción, con asiento en Santa María. Renunció a fines de mayo de 2018, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento había decidido avanzar en el proceso en su contra. Estaba investigado por su participación en un accidente de tránsito en 2013 en el que chocó con su vehículo a un motociclista que resultó con heridas serias. Entre las irregularidades, decidió no presentarse al examen para medir el alcohol en sangre tras el accidente.
Raúl Da Prá – Juan Pablo Morales
Jueces de la Cámara de Apelaciones. A fines de junio de 2020 se viralizó un video en el que ambos sugerían el cobro de un dinero para decidir sobre la libertad de un hombre que estaba detenido en el penal. En menos de un mes el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspenderlos y a fines de agosto del mismo año presentaron la renuncia. Por vía separada se tramitó la causa penal, conocida como “la videodenuncia”. Están imputados por cohecho pasivo agravado. Esperan fecha para el juicio desde noviembre de 2024.
Jorge Flores
Fiscal de la Tercera Circunscripción, con asiento en Belén. Fue destituido en mayo de 2021 por “conducta grave”, acusado de presionar a las autoridades sanitarias para facilitar la circulación de camiones que pertenecían a una empresa de su esposa durante las estrictas restricciones de la pandemia del COVID-19.
Ezequiel Walther
Fiscal de Instrucción nº4. Fiscal de Cámara Criminal nº2 en comisión. Renunció en septiembre de 2022, después de que el jury lo acusara de conducta “indebida e inapropiada”, por el supuesto hurto de dos cajas de herramientas a trabajadores cordobeses ocurrido en junio de ese año. Al momento del escándalo, integraba el orden de mérito para reemplazar a Morales y Da Prá en la Cámara de Apelaciones.
La causa penal por el presunto hurto no está resuelta, aunque el exfiscal ofreció un acuerdo de partes.
Laureano Palacios
Fiscal de Instrucción nº2. Llegó al juicio político acusado de mal desempeño por su participación en la primera etapa de investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, en medio del escándalo por las versiones trascendidas sobre una supuesta muerte natural. Fue absuelto por el voto mayoritario que conformaron los dos abogados representantes del foro local y los miembros del oficialismo. Fue apartado del caso Rojas.
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Miguel Ángel Aybar
Juez Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén. Llegó al jury por retardo judicial en 455 causas, tras un informe de la Secretaría de Sumarios de la propia Corte de Justicia. Resultó absuelto con los votos del presidente de la Corte, los abogados del foro local y de un diputado de la oposición.
Rodolfo Maidana – Hugo Costilla
Juez de Control de Garantías nº1 y fiscal de Instrucción nº5, respectivamente. Fueron denunciados por mal desempeño tras su participación en la homologación del acuerdo conciliatorio entre víctimas y victimarios del asalto de Parque América. Maidana renunció a partir de abril. Costilla sumó otras dos denuncias por mal desempeño vinculadas a las criptoestafas y el Caso Rojas.