Al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Miguel Ángel Aybar, lo acusaron de retardo judicial reiterado en 455 causas que se tramitan bajo su dependencia. Así se señaló en la acusación que realizó el fiscal del jury, Augusto Barros, y tras escuchar los testimonios que explicaron cómo se realizó la auditoría que detectó esas demoras. Aybar, por su parte, aseguró que no obró de mala fe, que no existió un retardo que fuera responsabilidad exclusiva de su persona y remarcó que si existen demoras es porque “así es el sistema”. Hubo duras críticas al funcionamiento del servicio de justicia en el interior provincial.
Sentado junto a los abogados José Alberto Furque y Beatriz Monllau, el juez Aybar escuchó la acusación realizada por el Ministerio Público, que le cuestionó no haberse expedido en el marco de los plazos legales perentorios en más de 450 causas, y que esta situación “no cambió en nada” pese a que recibió dos llamados de atención y sanciones económicas que le significaron descuentos del 3% y del 10% de sus haberes respectivamente. Para los defensores, la acusación del fiscal Augusto Barros se realizó “con argumentos débiles, por no decir falsos”, y pusieron el foco sobre las dos sanciones que recibió el juez, que a criterio de ambos no eran correspondidas. “En el primero de los expedientes lo sancionaron por una causa en la que no era juez, y en el otro se lo sanciona pese a que estaba inhibido porque había sido abogado de parte de uno de los contendientes”, reclamaron.
Antes habían intentado suspender el juicio con dos presentaciones. Primero, con un recurso de casación planteando la caducidad del jury, al considerar que se vencieron los plazos de 70 días en los que debía hacerse el juicio; y luego con un planteo de caducidad. Además hicieron reserva federal del caso. El Tribunal rechazó la casación pero difirió el tratamiento respecto de la caducidad para cuando finalice el debate. El Tribunal está presidido por el presidente de la Corte, Hernán Martel, y lo completan los diputados Carlos Marsilli (UCR) y Damián Brizuela (PJ), el senador Augusto Ojeda (PJ) y los abogados locales Federico Pague y Cecilia Martin.
“Así funciona el sistema”
Aybar ensayó una breve defensa al inicio del debate, en la que negó la responsabilidad que se le atribuye en la demora de los expedientes, argumentó sobre las dificultades para ofrecer el servicio de justicia en el interior de la provincia y pidió que el juicio en su contra sea una oportunidad para que en el Tribunal “puedan conocer la realidad del interior y hacer una comparación de como es aquí en la ciudad”.
“Hay integrantes del interior en el Tribunal, saben de las dificultades y la falta de recursos. No hay ningún retardo que sea de responsabilidad exclusiva mía. Es el sistema que funciona así. Mi desempeño siempre fue bueno, que sea insuficiente, puede ser otro tema”, señaló Aybar.
En este sentido, se excusó al señalar que su Juzgado tiene muchas tareas y poco personal. “En 1984, cuando se crea el Juzgado en Belén, en la Primera Circunscripción habían cinco. Actualmente, la Primera Circunscripción tiene divididas las competencias y se reparten en 15 juzgados. En Belén sigue habiendo uno y multifueros. Además, abarca también a Antofagasta de la Sierra, por lo que tenemos un Juzgado para unos 50.000 habitantes justiciables”, sostuvo.
En este sentido, aseguró que “más de la mitad” de las causas por las que le atribuyen demoras “ya están resueltas” y remarcó que “para los justiciables más vulnerables no hay ninguna demora”. “Lamentablemente necesitamos dar prioridad a algunos en desmedro de otros”, expuso.
Por último, cuestionó el procedimiento de los sumarios, al considerar que no se le respetaron las garantías constitucionales ni el derecho de defensa.
Sobre los sumarios en contra
El secretario de Sumarios de la Corte, Carlos Horacio Brizuela, y la secretaria de Inspección de Justicia, Débora Leschinsky, testificaron sobre cómo fue el proceso que alertó sobre la mora judicial y que llevó al juez hasta el banquillo de los acusados.
Brizuela detalló que recibió un informe de la Secretaría de Inspección y comentó que “al ser tan voluminoso el número de causas” se corroboró en el sistema digital los avances. “Se abrió un sumario y 455 expedientes se encontraban con fecha de llamados a resolver plenamente vencidas. El juez Aybar hizo descargo, ofreció pruebas y algunas se tuvieron en cuenta”, indicó. Además, precisó que este era un tercer sumario que eventualmente podía derivar en sanción, y que se entendió que había que informar a la Corte para que ésta decida si correspondía informar al Tribunal de Enjuiciamiento; y que cuando la Corte decidió impulsar el jury, el sumario quedó suspendido hasta que el jury resuelva.
Brizuela consideró además que, a su criterio, había un retardo judicial “no sólo por la naturaleza de las causas sino porque existían antecedentes”, en relación con los sumarios ya concluidos que pesan sobre Aybar. En tal sentido, el juez intervino para remarcar que no se lo notificó en distintas etapas del proceso y que ofreció prueba testimonial que no se tuvo en cuenta.
Por su parte, Leschinsky contó que ella fue la encargada de inspeccionar el Juzgado y redactar los informes, y advirtió que si bien tenía “un excelente concepto del juez, porque era dedicado”, pudo corroborar que “tenía atraso importante en las causas”. “Fuimos a Belén en reiteradas oportunidades. Hablábamos con él, volvíamos en tres o cuatro meses y el atraso seguía. En alguna ocasión nos dijo que estaba estudiando para rendir en un concurso, que es entendible, pero la situación no cambiaba”, relató.
“Relevé una por una, una cantidad de expedientes inmensa, entre 400 y 500. Muchas eran muy viejas y las heredó. El atraso en algunas ocasiones era atendible, porque no tenía personal. Pero una tiene experiencia en solucionar ciertas situaciones, se hacían sugerencias para resolver y no había cambios. Una iba y su escritorio estaba lleno de expedientes. Era un hombre que trabajaba. Le dije algunas veces que para mí era un problema de gestión”, apuntó. Además del planteo de la escasez de personal, la secretaria reconoció otras falencias que quiso remarcar la defensa de Aybar. “La instalación edilicia no sólo no es adecuada, es horrible”, lamentó.
La dificultad de litigar en el interior
El último de los testimonios que se escuchó el martes fue el del abogado Samuel Aguiar, quien no sólo defendió a Aybar al considerar que el de Belén “es el Juzgado mejor organizado”, sino que aprovechó para lanzar algunas críticas al funcionamiento de la Justicia en el interior de la provincia y pedirle al presidente de la Corte, Hernán Martel, que tome “cartas en el asunto”.
“No recuerdo en Catamarca un juicio por morosidad. Se acusa al juez de Belén, pero yo podría decir que en otros juzgados, como en Tinogasta, ocurren atrocidades. Retraso e ignorancia del derecho, como mínimo”, dijo Aguiar y mencionó que eso lo denunció oportunamente ante el Colegio de Abogados y la Corte.
“El de Belén para mí es el Juzgado mejor organizado. Belén ha crecido económicamente, socialmente y en conflicto judicial. Ese crecimiento no se vio en el Juzgado. Quedó atrás por falta de infraestructura, las audiencias se hacen en una salita de 2×2, diría que no hay sala de audiencias”, cuestionó el abogado.
En este sentido, volvió a respaldar a Aybar al señalar que “debe ser el único juez del interior que saca cuestiones familiares e interviene activamente”, y destacó que “es un hombre estudioso”.
“Entre la celeridad y la mora, prefiero la eficacia”, dijo y también destacó que además Aybar “actúa como subrogante en cuestiones penales y laborales”.