La historia de Álvaro Rodney Farfán Rotzoll podría ser la de otros adultos mayores que viven solos y apenas sobrellevan su rutina. Están indefensos, les falla la memoria, se alimentan mal y poco. Trabajaron mucho y algunos lograron un patrimonio que hoy son incapaces de administrar. El problema es que en su caso tuvo la desgracia de caer en manos de estafadores que, como carroñeros, han hecho de todo para quitarle sus bienes. Pero fue a la Justicia y los denunció. Su expediente fue el disparador de la investigación abierta en torno a la compleja organización montada en Catamarca con el único fin de delinquir.
Farfán Rotzoll es médico jubilado y tiene entre 87 y 88 años. Nació en Perú y se radicó en Catamarca a los 30. Empezó trabajando en el interior de la provincia y luego se mudó a Capital. Figuraba en varias cartillas de obras sociales como prestador de clínica general. Hace un par de décadas quedó viudo y desde entonces vivió en soledad.
Su domicilio, según consta en una presentación judicial, es Sarmiento 152. Basta ver la casa desde la vereda para imaginar sus condiciones de vida: todo tipo de basura acumulada en el jardín, en la puerta de ingreso y en las ventanas. Debajo de una viña seca hay un Peugeot 208 abandonado y adelante un Nissan Note en mejor estado, de modelo 2016 o 2017. Los vecinos dicen que la casa presenta esa imagen hace ya varios años.
Nadie podría suponer que detrás de esa fachada vive un hombre con buena situación patrimonial. Mejor dicho, nadie que no lo conociera ni hubiera ganado su confianza. En septiembre de 2013, Farfán fue víctima de un asalto violento: dos sujetos lo sorprendieron en su casa, le pusieron un buzo en la cabeza, lo tiraron al piso, lo golpearon y le exigían que les diera la plata. Los asaltantes huyeron con fajos de dólares de sus ahorros, que tenía ocultos bajo llave en el baño y en la cocina. Era evidente que alguien cercano lo había “vendido”.
Por entonces, Farfán contaba con 75 años y había enviudado un tiempo atrás. Fue a la Policía a denunciar el hecho y también a la prensa. Los ladrones no fueron apresados y, por cierto, el dinero no apareció nunca. Dijo que sospechaba de una mujer con la que tuvo una relación y conocía la existencia de esos ahorros. “Los delincuentes sabían dónde guardaba mi plata”, relató.
A mediados de 2021, en plena pandemia, el jubilado padeció otro episodio traumático, quizás el peor. A raíz de un cortocircuito que tuvo en su casa, llegaron dos hombres que se identificaron como “José Espinosa” y “Claudio Moreira” y que habrían sido enviados por una abogada a quien Farfán pensaba encargarle trámites.
En un momento, uno de ellos le ofreció revisar un desperfecto del Peugeot y Farfán lo acompañó, mientras que por la puerta principal de la casa salía el otro con documentación y objetos. Entre ellos, escrituras de inmuebles, herramientas eléctricas y un anillo de oro de su alianza matrimonial.
Junto con su abogado, Germán Josué Bordón, hicieron una denuncia por estafa contra esa abogada, una escribana y los hombres que le robaron las escrituras. Bordón había comprobado que en la Justicia había pagarés con firmas apócrifas que estaban en etapa de ejecución contra Farfán. También hallaron un poder especial hecho en la escribanía de Silvia Brocal de Castillo con una firma falsa de la víctima.
El abogado Bordón agregó además que temía por su vida y por la de su cliente, ya que “esa gente” le había ofrecido una “importante suma de dinero” para que renuncie al patrocinio legal de Farfán. Y como se negó, le incendiaron el auto en su domicilio. “Este atentado fue un claro mensaje mafioso”, calificó.
Antes de hacer la denuncia habían comprobado que “Espinosa” y “Moreira” eran en realidad Gastón Agulles y Emiliano del Campo. En cuanto a la abogada se trataba de Rocío Grisel Gordillo, empleada de la Fiscalía de Estado y pareja de Mario Rodrigo del Campo.
En marzo de este año, tres de ellos fueron acusados por el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, de integrar una banda delictiva: Mario del Campo, en calidad de “líder”, y Gordillo y Agulles como “miembros”. A Emiliano, por lo pronto, le notificaron que podría ser citado en algún momento.
La denuncia de Farfán Rotzoll se sumó a otras realizadas por más damnificados. El “modus operandi” era similar. Entre los denunciados aparecen los mismos nombres, aunque luego surgieron varios más. Allí comenzó la investigación de una red delictiva con cómplices en los mandos medios del Estado provincial.
La trama
En uno de los allanamientos ordenados a raíz de una de aquellas denuncias por estafas, el fiscal Costilla encontró un patrón común al peritar un celular secuestrado. Era el teléfono de Mario del Campo. De allí surgió todo.
De acuerdo con la investigación realizada hasta esa fecha, los actos cometidos por ese grupo tenían por objeto “garantizar la ejecución judicial de títulos de créditos (pagarés) de deudas existentes y aquellas con firmas apócrifas de los supuestos deudores, como así también de quien era titular de los créditos”.
Pero no se trataba solo de ejecutar pagarés. Para la Fiscalía, el “segundo objetivo delictivo previsto por la empresa criminal fue la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles y muebles registrables”.
La descripción de cómo la Fiscalía encuadró esos hechos se conoció en la audiencia de control de detención de los imputados de fines de mayo pasado. Fue la siguiente:
“En una fecha no precisada de 2017, en la calle Bernardino Ahumada al 800, Pozo El Mistol, Valle Viejo, y/o en algún domicilio de la ciudad Capital, Mario Rodrigo del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Pablo Aybar, Juan Pablo Collantes, Rocío Grisel Gordillo y otras personas aún no individualizadas, elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para efectuar una serie de delitos, cuya comisión y efectos se prolongaron hasta el 22 de marzo de 2025”.
Al principio, fueron 21 las personas que Costilla vinculó como colaboradores de esta organización y a las que acusó por el delito de “asociación ilícita” en calidad de autores. En el grupo hay empleados de la Justicia, de la Administración pública, de la Policía provincial y una del Banco Nación. Pero luego la lista se redujo a 19 por los fallecimientos de Aybar y de la escribana Dora Raquel Searez (extitular del Registro N°61 de La Rioja)
Del Campo y los cuatro principales colaboradores de la banda, la abogada Gordillo, Agulles, Collantes y Vega, quedaron con prisión preventiva el 27 de mayo, tras la audiencia de control de detención en la que el juez Santiago Ahumada Franzzini confirmó el pedido del fiscal Costilla. Días después, la Justicia concedió la prisión domiciliaria a Gordillo para atención de su hija.
Los otros acusados como participantes de la organización quedaron en libertad luego de cubrir una caución de $1 millón cada uno, aunque por cierto siguen ligados a la investigación. Son: Héctor Enrique Varela Martínez, Denis Nieva Chaile, Luis Ricardo Bulacios y Maximiliano Echaverría.
Cada vez más
A medida que avanza la investigación, surgen nuevos elementos de análisis. Sobre todo luego de que la Fiscalía obtuviera el levantamiento del secreto bancario de las cuentas bajo sospecha. Aparecieron más movimientos patrimoniales de los imputados, aunque aún no se termina de delimitar la ruta de la plata.
En cuanto a las maniobras denunciadas en las oficinas de los Juzgados de Ejecución Comercial de la Provincia, donde según la acusación fiscal Del Campo recibía información de primera mano sobre el estado de los expedientes y conseguía agilizar las ejecuciones de pagarés, ahora detectaron una cantidad alevosa de firmas falsificadas y otras escaneadas. Un caso notable es el de las firmas truchas en la documentación de cobro de honorarios.
Y además la Fiscalía individualizó más empleados de los organismos públicos que vendían información catastral “de interés” a la organización criminal a los fines de iniciar su “pesca” de nuevas víctimas.
En definitiva, el esqueleto de la investigación está firme; aún falta completar el resto del tejido. La desgracia de Farfán Rotzoll y otras tantas víctimas podrá servir, posiblemente, para obtener justicia y mejorar los controles en los organismos que manejan información sensible de los ciudadanos.