El Gobierno de Javier Milei remitió ayer al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para autorizar el programa de “facilidades extendidas” con el FMI, con el objetivo de que se apruebe en la Cámara de Diputados y así blindar el acuerdo que consiga con el organismo para cancelar las deudas con el Banco Central y fortalecer las reservas.
El Gobierno aceleró el envío al Parlamento pese a que tenía diez días hábiles para comunicar al Congreso su decisión dado que quiere acelerar la aprobación de ese DNU en la Cámara de Diputados, ya que con el aval de una sola cámara logra blindar el acuerdo que firme con el organismo internacional.
Esto es así porque la ley 26122 de DNU establece que con el respaldo de una sola cámara queda firme esa medida del Gobierno, a diferencia de una ley que requiere el aval de las dos cámaras del Congreso.
Ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario deberá convocar para debatir ese DNU y tendrá diez días hábiles para emitir el respectivo dictamen, que luego se deberá tratar en el recinto de sesiones.
El primer obstáculo que deberá superar será elegir al nuevo presidente de ese organismo parlamentario en reemplazo del senador libertario Juan Carlos Pagotto, ya que este año la presidencia le corresponde a la Cámara de Diputados.
Fuentes parlamentarias señalaron que aún no hay consenso entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas sobre quién será el nuevo presidente de la bicameral, y las opciones que se manejaban eran el libertario Lisandro Almirón, el macrista Diego Santilli o el radical Francisco Monti, cercano al oficialismo. De todos modos, si el oficialismo tiene dificultades para emitir el dictamen le queda la variable de dejar vencer los diez días hábiles e ir directo al recinto para tratar ese DNU, pero para ello deberá construir una mayoría junto al PRO, a la UCR, el MID, Independencia, Innovación y un sector de Encuentro Federal.
También deberá buscar, como hizo en otras ocasiones, el respaldo de diputados de Unión por la Patria (UxP), y las opciones que tiene son los legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
De acuerdo con el DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas “tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”.
También fijan que se destinarán a cancelar “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.
Además indica que “contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional”, y que la baja calidad del activo del Banco Central “impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico”.
Más adelante indica que el denominado “cepo cambiario” reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo.
Destacó que “atento al compromiso inclaudicable de esta administración por trabajar en su disminución y posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria”.