Un grupo de docentes del Colegio Virgen Niña denunció a El Ancasti el retraso de tres meses en el pago de sus haberes. Según la denuncia, a raíz del crecimiento de la matrícula y el aumento vegetativo de estudiantes, este año la institución abrió una nueva sección del ciclo orientado. Para garantizar la cobertura pedagógica, más de 20 docentes fueron convocados con el compromiso gubernamental de que en abril se firmaría la POF (Planta Orgánica Funcional), el instrumento legal que habilita formalmente la creación de la sección y, con ella, el cobro correspondiente al personal.
Sin embargo, pasados más de 90 días, la firma sigue sin concretarse y el Gobierno provincial no ha dado respuesta. Los docentes trabajan desde el inicio del ciclo lectivo sin percibir ningún salario. La situación, en palabras del cuerpo docente, es una consecuencia más de la crisis en educación que actualmente se respira en nuestra provincia.
Según los denunciantes, uno de los obstáculos iniciales fue el polémico decreto 884/25, que el gobernador, Raúl Jalil, firmó “en un intento desesperado de frenar gastos ante la crisis económica”. No obstante, tras la masiva movilización del pasado 24 de mayo, los Ministerios de Educación y de Trabajo perdieron respaldo político para sostener esa medida. Desde entonces, los afectados se preguntan: “¿Cuál es la excusa ahora?”.
Los docentes señalan que el caso del Colegio Virgen Niña no es aislado. Otras instituciones de gestión semiprivada, como el Colegio Montessori, se encuentran en una situación similar. En todos los casos, se repite el mismo patrón: docentes que trabajan sin reconocimiento legal ni cobro de haberes.
Desde el cuerpo docente afirman que los directivos del colegio siguen haciendo todo lo posible para encontrar respuestas. La conducción se ha mostrado comprensiva con la situación, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores son nuevos en el sistema educativo. Sin embargo, los docentes afectados señalan como responsables directos al gobernador Jalil y al ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo, por “su falta de compromiso en la defensa de la educación y los derechos laborales”.
Además, los denunciantes remarcan que la demora en la firma de la POF no solo constituye una falta grave por parte del Gobierno, sino que también implica que no se reconocerán los sueldos adeudados de forma retroactiva, afectando de manera directa la economía de los docentes y profundizando su precarización.
“En estos tiempos en que tanto se cuestiona la vocación docente, sería bueno preguntarse si la sociedad advierte que, si sus hijos reciben educación, es porque hay profesores que eligen estar en las aulas, incluso sin cobrar“, expresó uno de los docentes afectados. “Mientras tanto, hay un Gobierno que elige obstaculizar y amedrentar, tanto a la educación pública como a la privada”.