Tras confirmar 96 muertes debido al fentanilo contaminado, tres bloques de diputados propusieron crear una comisión investigadora para analizar presuntas vinculaciones políticas con la adulteración del fármaco. Esto generó revuelo en un sector del kirchnerismo que rechaza dicha propuesta. Fue durante la sesión de la semana pasada que el PRO presionó para que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avance en las investigaciones. Así, el miércoles 13 se dictaminó el pedido de informes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
El objetivo es tener información detallada de fallecimientos: edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción, la cronología de la detección del brote, protocolos activados por el Ministerio de Salud, Anmat y otras jurisdicciones. También busca indagar sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados, la identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados, lotes adicionales bajo investigación y resultados de análisis microbiológicos.
Comisión investigadora por el fentanilo contaminado
Uno de los proyectos de resolución fue presentado por el PRO, bajo la autoría de Silvana Giudici. El mismo busca solicitar informes, documentos y antecedentes de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico.
También convoca a funcionarios públicos y terceros interesados en los casos de fentanilo contaminado a los fines de brindar información. Para ello, se deberá fundamentar la pertinencia de la solicitud y se realizará en el marco de las garantías prescriptas por la Constitución Nacional. No se incluirán periodistas ni medios de comunicación para poder reservar la identidad de sus fuentes de información.
Recibirá denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo efectuar denuncias ante los organismos competentes, que resulten del curso propio de la investigación. La Comisión tiene un plazo de tres meses, y luego deberá remitir las denuncias al Poder Judicial o al Ministerio Público de la Nación para que continúen su investigación.
El otro proyecto de resolución es del bloque Democracia para Siempre, que busca “determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados”. También tiene tres meses de vigencia.
No busca determinar las responsabilidades políticas e institucionales; de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales. “Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la Anmat y que se ha cobrado casi cien vidas”, explicó Pablo Juliano, presidente del bloque.
Carla Carrizo dijo, en tanto, que “no alcanza un pedido de informes”. “Yo quiero que se cite a los responsables de la Anmat para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados. Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde”, manifestó.
Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora del cripto-escándalo $LIBRA, el proyecto prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la nueva comisión investigadora y establece un plazo de funcionamiento de tres meses desde su constitución. El tercer proyecto es de autoría del diputado Jorge Araujo Hernandez, de Unión por la Patria. Lo que diferencia a este último del resto es que su objetivo es crear una subcomisión dentro de la de Salud, e investigar a partir de allí.