La condena a Claudio Contardi por abuso sexual a Julieta Prandi marca un precedente judicial clave en la lucha contra la violencia sexual dentro del matrimonio. El fallo de 19 años de prisión, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, no solo sanciona el abuso sexual con acceso carnal, sino que también reconoce el grave daño psicológico infligido a la víctima, un aspecto que pocas veces recibe peso decisivo en las sentencias.
“Hoy siento que empiezo a vivir”, declaró Prandi tras conocerse la resolución, subrayando que la Justicia escuchó a ella y a “una sociedad entera”. La sentencia incluyó la detención inmediata de Contardi y se acerca al máximo previsto por la ley, enviando un mensaje claro: no existe ‘deber conyugal’ que justifique la violencia sexual.
¿Qué dice la ley?
En Argentina, el abuso sexual dentro del matrimonio es delito, sin excepciones legales, desde la reforma del Código Penal en 1999 y su actualización en 2017. La Ley 26.485 de Protección Integral también lo contempla como forma de violencia de género. Segun el artículo 5.2 define violencia sexual a “cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres”.
Sin embargo, los tribunales todavía enfrentan desafíos para probar estos hechos, que suelen ocurrir en entornos privados y con escasos testigos. Por lo que el fallo sienta un precedente al reconocer un abuso sexual dentro de un matrimonio. Es decir que, el vínculo conyugal no anula la autonomía ni el consentimiento.
El contraste con la política del Gobierno nacional
Mientras el Poder Judicial envía un mensaje contundente con esta condena, la postura del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei va en dirección opuesta. Desde diciembre de 2023 se disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se recortaron programas clave como Acompañar y se debilitó la Línea 144, herramienta de asistencia a víctimas. Además, el Ejecutivo expresó su intención de eliminar la figura de feminicidio del Código Penal y votó en contra de una resolución de la ONU para la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.
Esto plante un escenario paradójico: la justicia penal avanza en perspectiva de género, mientras que la política pública retrocede en prevención y asistencia.
La condena a Claudio Contardi no solo repara, en parte, el calvario vivido por Julieta Prandi, sino que también se plantra como referente para otras mujeres que sufren violencia sexual en contextos conyugales. Envía un mensaje claro: el consentimiento es imprescindible, dentro y fuera del matrimonio, y su ausencia constituye un delito grave que puede recibir penas ejemplares.
En un país donde cada año miles de mujeres son víctimas de abusos y donde la infraestructura estatal para prevenir y asistir se encuentra en riesgo, este fallo se convierte en un símbolo de resistencia y en una prueba de que la justicia, aunque lenta, puede actuar con firmeza.