domingo, 23 de marzo de 2025 02:12
Luego de un arduo trabajo del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, quienes llevaron adelante una investigación de oficio que culminó con la detención de siete personas sospechadas de integrar una organización dedicada a estafas y asociación ilícita. En su mayoría son empleados públicos, abogados y particulares.
El fiscal de instrucción N°5 Hugo Costilla, quien está a cargo de la pesquisa, la cual inició hace meses, involucra a trabajadores de distintos organismos gubernamentales, entre los que se encuentran miembros de la policía y la Justicia, así como a abogados y civiles.
Ayer por la mañana, con un cúmulo importante de elementos de pruebas y por directivas del Juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, en un hermético operativo se llevaron a cabo 14 allanamientos en simultáneo en viviendas de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Siete fueron las personas arrestadas, seis hombres y una mujer quienes quedaron a disposición de la Justicia.
En paralelo a los arrestos, en los domicilios se secuestraron elementos informáticos, celulares, notebooks y documentación.
En los procedimientos que dieron inició a las 7 de la mañana de ayer, participó personal de las Unidades Judiciales e Investigaciones Complejas del Poder Judicial. Por la Policía de la provincia, participaron los grupos: Kuntur, Infantería, GIR, Personal de Ciberdelitos, Informática, Investigaciones y Drones.
La investigación
La pesquisa comenzó varios meses atrás a partir de denuncias individuales por usurpación, en las cuales aparecían involucradas las mismas personas.
Ante esta situación, y en el marco de la conexión de las causas, el fiscal de Instrucción N°5 Hugo Costilla, decidió unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio.
El análisis detallado de las denuncias previas por usurpación, así como de otras presentadas en años anteriores, permitió recolectar nuevos datos. A medida que se examinaban los expedientes, surgieron coincidencias y un patrón común que vinculaba todos los casos.
El modus operandi
Según los elementos de pruebas y el análisis de los datos obtenidos, los ahora arrestados formaban parte de una banda que operaba a través de una compleja red de contactos dentro de organismos públicos y privados, para llevar adelante una serie de estafas procesales. Su mecanismo comenzaba en Catastro y el Registro de la Propiedad, donde obtenían información sobre propiedades y títulos: saneaban títulos para poder disponer de ellos de manera fraudulenta.
Un dato clave en el modus operandi era que las víctimas nunca fueron notificadas de los procesos judiciales en su contra. Para ello, contaban con empleados del Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les proporcionaban información privilegiada sobre los trámites y les aseguraban un tratamiento preferencial en las causas. Además, manipulaban la designación de martilleros para asegurarse de que el remate de los bienes se realizara según sus intereses.
Otro eslabón fundamental de la presunta estafa era la falta de notificación a los deudores. A través de empleados de las Oficinas de Notificación, lograban que las citaciones nunca llegaran a destino. Como resultado, las víctimas solo tomaron conocimiento de los procesos en su contra cuando sufrían el secuestro de sus vehículos o el descuento de sus haberes. En ese momento, descubrían que tenían un juicio ejecutivo en su contra, sin haber sido debidamente informados.
El entramado de la organización llegaba también a las fuerzas de seguridad. Policías formaban parte de la banda, no solo figurando como titulares de créditos y accionantes, sino también desempeñando un rol operativo: seguían a los deudores en vehículos, tomaban fotografías de sus autos y, una vez firmado el embargo, alertaban al martillero para proceder con el secuestro del bien.
El acceso a información bancaria de las víctimas era otra de sus estrategias. Contaban con empleados de bancos que les proporcionaban datos sobre cuentas y movimientos financieros.
La organización utilizaba tanto mecanismos legales acelerados como métodos completamente ilegales. En algunos casos, incluso recurrían a la falsificación de firmas, lo que llevó a varias víctimas a declarar que nunca habían firmado los documentos que aparecían en su contra, otro de los recurrentes en la pesquisa.