La polémica por la batería de decretos-acuerdo enviada por el Gobierno a la Legislatura ilumina algunas características de la dialéctica política local con más intensidad que en otras ocasiones.
Por el costado opositor, el diputado Hugo “Grillo” Ávila, peronista disidente, se muestra más despierto que los bandos radicales y libertarios para aprovechar los flancos de ataque que ofrece el oficialismo y consigue ganar protagonismo y posicionamiento.
Los radicales le recriminan por lo bajo esta propensión a cortarse solo con denuncias y planteos judiciales que en no pocas oportunidades los obligan a plegarse tardíamente a la agenda “avilista”, cuando no optan por ignorarla en la esperanza de que vaya acallándose hasta que se abra otra ventana propicia para fustigar al Gobierno. Tales especulaciones los exponen ser madrugados nuevamente por el peronista, que corre con la ventaja de no tener que someter sus movimientos a la consulta de un bloque tramado, como el de la UCR, por las internas.
Los boinablancas se cobran estas nimias humillaciones dejando afuera a Ávila de operativos en los que también asoman sus propios litigios intestinos.
Ayer por ejemplo, para no irse demasiado lejos, Ávila no formó parte de la conferencia de prensa en la que el diputado nacional Francisco Monti, acompañado por otros radicales simpatizantes de Javier Milei y los propios libertarios, anticipó la denuncia por el contrato de CAMYEN por la exploración de Cerro Atajo, pero tampoco fue invitado a la tertulia el diputado radical antilibertario Alfredo Marchioli, que por la tarde se despachó con un proyecto vinculado al flagelo del suicidio.
Independientemente de la consistencia que tengan denuncias e iniciativas parlamentarias, su presentación ante la sociedad está muy condicionada por lo electoral. Monti, Ávila y los diputados radicales que concluyen mandato este año maniobran para tratar de acceder a sus reelecciones y ya se sabe: nadie regala un tranco de pollo en estas instancias.
No obstante, los agrupamientos empiezan a insinuarse.
El radicalismo de Monti, el senador nacional Flavio Fama y el diputado provincial Tiago Puente parece marchar hacia la confección de una oferta conjunta con La Libertad Avanza. Afuera de ese armado incipiente quedan, por el momento desarticulados, los bandos de Marchioli, Ávila y los libertarios disidentes del diputado Fernando Baigorrí y el empresario Javier Galán, que se referencian en la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Las especulaciones electoralistas gravitan también en el oficialismo, aunque se manifiestan en reticencia para intervenir en controversias públicas que incomoden al Gobierno. El entusiasmo opositor por cuestionar el paquete de decretos-acuerdo tiene como correlato las acrobacias que despliegan los legisladores peronistas para evitar defenderlo, sin que esta actitud implique cuestionarlo. Una maravilla de la indefinición que obedece a la incertidumbre por el futuro inmediato, sea por las posibilidades de continuar en las bancas después de diciembre, sea por las aspiraciones de entrar en el Ejecutivo así sea como punto-índice.
Estas prevenciones explican que los diputados no se expresen con claridad y en cambio reflexionen sobre el imposible de modificar decretos-acuerdo que solo admiten la aprobación o el rechazo. Así, por caso, a la mayoría no le aflige tanto que el mecanismo para designar el Defensor del Pueblo se haya cambiado por decreto como el hecho de que haya sido designado en el cargo el exministro de Educación Dalmacio Mera, quien se quedará con la ganga de 12 años a cubierto con sueldo de ministro de la Corte.
Más de uno sostiene que tiene más méritos que él para el puesto, pero nadie quiere malquistarse con el Gobierno. Así que a tragar bilis.
Provengan de opositores u oficialistas, la sociedad ha de comprender la angustiante encerrona en que se encuentra esta gente de bancas tambaleantes.
Un legislador provincial embucha entre pitos y flautas cerca de 6 millones de pesos al mes. Vaya uno a juntar esa cifra en el llano.