La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF, las conocidas como acciones clase D, a los beneficiarios del multimillonario juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión se enmarca en una demanda por la que el Estado argentino ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones, un monto que, con intereses diarios de aproximadamente USD 2,5 millones, ya supera los USD 17.000 millones.
La magistrada detalló en su fallo que “por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es concedida. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden”. Posteriormente, deberá instruir a BNYM para iniciar la transferencia de los intereses de propiedad a los demandantes o sus designados en el plazo de un día hábil desde que las acciones sean depositadas en la cuenta.
Preska destacó que, desde abril de 2012, Argentina controló las principales decisiones empresariales y financieras de YPF a través de su participación mayoritaria. “Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, indicó el escrito.
Impacto
La noticia llevó a una caída de más del 5% en las acciones de YPF, mientras que las de Burford Capital, el principal beneficiario, se dispararon más de un 20%. Burford Capital, una empresa que se dedica a comprar derechos de litigio y financiar demandas, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado. También había solicitado embargos y otras medidas, todas vinculadas a lo que algunos definieron “presiones para negociar”. Y es que Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de EEUU.
Este largo proceso judicial tiene su origen en la decisión tomada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 16 de abril de 2012, en un acto celebrado en la Casa Rosada. La entonces presidenta declaró la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, afirmando que no se trataba de una estatización, sino de una “recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”.
Fondos buitre
En un segundo fallo, la jueza Preska autorizó entregar acciones de YPF al fondo buitre Bainbridge Fund, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por USD 95 millones más intereses por la deuda en default, tras haber rechazado el proceso de reestructuración.
Según indicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, este nuevo fallo se debe como pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default. Bainbridge Fund es un holdout, uno de los fondos que se encuentra litigando contra la Argentina desde 2016, por la causa por la reestructuración de la deuda en default. En 2024, según explicó Maril, Bainbridge había solicitado a Preska que la Argentina brinde información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central y depositado en Europa. También inició un pedido en la misma dirección sobre las acciones de YPF en manos del Estado.