sábado, 6 de septiembre de 2025 01:57
Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer se llevó a cabo en el Juzgado de Control de Garantías N° 2 una audiencia de control jurisdiccional a solicitud de la fiscal Paola González Pinto, quien solicitó la medida cautelar para que el Banco Nación habilitara las cuentas del Concejo Deliberante de Los Altos, que habían sido bloqueadas porque Ramón “Kiki” Olveira cambió la titularidad de estas.
Durante la audiencia, la jueza también trató la orden de detención que había liberado la fiscal en contra de Olveira por no haberse presentado a declarar el pasado 22 de agosto sobre el delito de usurpación de autoridad en la Fiscalía General.
Se escucharon los argumentos de la fiscal González Pinto sobre ambos planteos y del abogado defensor del exconcejal, Dr. Daniel Ortega.
Según trascendió, el letrado se refirió a la situación de su cliente, quien no asistió a la audiencia de indagatoria porque debió viajar a una provincia vecina para cuidar a sus padres por razones de salud.
Tras hablar ambas partes, la jueza Cecilia Mas Saadi resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscal Pinto en relación al desbloqueo de las cuentas bancarias del Concejo Deliberante. En cuanto a la orden de detención librada en contra de Olveira, resolvió anularla.
El Ministerio Público Fiscal informó que Olveira se encuentra imputado en dos expedientes. El primero está relacionado con los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2025, cuando junto a tres concejales habría retomado su banca en el Concejo Deliberante de Los Altos sin contar con resolución judicial ni proceso electoral, lo que motivó su citación por el presunto delito de usurpación de autoridad. En esa causa, las defensas plantearon distintos recursos y oposiciones que finalmente no prosperaron ante el Juzgado de Control de Garantías N°4.
El segundo expediente corresponde al 28 de agosto de 2025, fecha en la que Olveira volvió a desempeñarse como concejal sin designación válida, motivo por el que se ordenó su detención bajo la imputación de ejercicio ilegal de la función pública.
En ambos casos, la Fiscalía sostuvo que Olveira habría actuado en desconocimiento de una resolución firme de la Corte de Justicia de Catamarca, dictada en noviembre de 2024, que declaró nula su restitución en el cargo y estableció que solo podría volver al Concejo mediante una resolución judicial que anule su expulsión o bien a través de un proceso electoral.
Hasta la fecha, el imputado aún no prestó declaración indagatoria, dado que su defensa interpuso distintos recursos que mantienen suspendido ese trámite procesal.