La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar contra la Argentina y ordenó al país entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, como parte del proceso de ejecución de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012.
Se trata de un caso que ya acumula una condena por más de u$s16.000 millones y que ahora suma una medida inédita que podría agravar la situación legal y patrimonial del Estado nacional.
El discurso de Axel Kicillof por la expropiación: “Hay que ser estúpido para comprar según la ley de YPF”
Este nuevo revés se inscribe en una larga disputa judicial que tiene uno de sus puntos de origen en un episodio político clave de la historia reciente: el discurso del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, ante el Congreso de la Nación en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando se debatía la ley de expropiación de YPF.
En esa exposición, el actual gobernador bonaerense expresó de forma contundente su posición sobre el estatuto de la empresa y los límites que imponía para una eventual toma de control accionario.
“Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, afirmaba Kicillof durante aquella sesión parlamentaria. Esa declaración sería más tarde recogida por la jueza Preska como un elemento central en su argumentación jurídica contra la Argentina.
En 2023, cuando Preska dictó el primer fallo condenatorio, incluyó duras críticas hacia el gobierno de Cristina Kirchner y cuestionó los planteos esgrimidos por los abogados del Estado argentino. En particular, apuntó directamente contra Kicillof, quien por entonces había calificado la decisión judicial como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”.
En su sentencia, Preska escribió: “El sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”.
Durante aquel recordado discurso, Kicillof desplegó una crítica severa al marco normativo de la petrolera. “En ese leonino estatuto interno dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15% pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100%, un valor equivalente a u$s19.000 millones“, sostuvo el economista.
Y profundizó su cuestionamiento con un tono cargado de ironía: “Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF respetando su estatuto, sino ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ¿Cómo podemos hacer para que nunca nadie intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta que tenían la gallina de los huevos de oro y dijeron: La vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía?”.
A lo largo de su intervención, el entonces funcionario también dedicó críticas directas al fondo Burford Capital, que posteriormente presentaría la demanda en los tribunales de Nueva York en representación de los exaccionistas de YPF.
“Falta poner que hasta el día que la Presidenta, es más… hasta el día que el Congreso decida la expropiación de YPF, si lo hace, también son dueños de la compañía. O sea, que después de haber retirado esta montaña de plata todavía les queda un 57% de YPF, que el sr. Burford dice que vale u$s10.000 millones”, decía Kicillof.
Y completaba su análisis con una frase dirigida directamente al fondo litigante: “Vamos a ver cuánto vale el 57% de YPF, no en base a valores especulativos bursátiles, o en base a las cuentas que quiere hacer el sr. Burford, sino en base a datos objetivos que tomará el Tribunal de Tasaciones de la Nación si ustedes así lo disponen por sus propios criterios”.
Finalmente, en un cierre desafiante, lanzó: “Se llevó, restando los 13.000 que puso y lo que retiró, cerca de 9000 millones, lo último que podemos decir es que fue una mala inversión”.
Las palabras de Kicillof, pronunciadas en el marco de un debate parlamentario que definió la intervención estatal en la principal compañía energética del país, se convirtieron en munición para los demandantes y sustento argumental en los fallos de Preska.
Ahora, la Argentina se encuentra nuevamente contra las cuerdas, con una orden de entrega del control accionario que amenaza con redefinir la relación entre el Estado y YPF, mientras se abre una nueva etapa de apelaciones y posibles negociaciones.