El lunes 30 de septiembre vencen 63 mil contratos de empleados de la Administración Pública Nacional. Es el universo de estatales que renovó su contrato por 90 días el 30 de junio y que sobrevivió a los más de 30 mil despidos que ejecutó el Gobierno desde la asunción de Javier Milei.
“Van a caer 70 mil contratos más“, prometió el jefe de Estado el 26 de marzo en un discurso frente a empresarios. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo garantizaron a los jefes de los gremios estatales, UPCN y ATE, que esta vez no habría despidos masivos, como en a fines de junio y marzo.
En algunas dependencias oficiales, como el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, hubo quejas en encuestas internas de satisfacción de los funcionarios de segunda línea que lamentaron la falta de cuadros técnicos, un detalle que ralentiza la gestión.
Concentración y olla popular de Estatales nucleados en ATE en Plaza Mayo. Foto: Guillermo Rodriguez Adami A pesar de la promesa del Ejecutivo, en los últimos días empezaron a llegar telegramas de despidos y de finalización de contrato en áreas clave, como los Centros de Acceso a la Justicia. En ATE, a cargo de Rodolfo Aguiar, aseguran que el Ejecutivo planea despedir a la planta completa del depósito de alimentos que el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene en La Plata; esquirlas de las denuncias cruzadas con los movimientos sociales.
En la Secretaría de Cultura, que próximamente pasará a depender de la órbita de Karina Milei, se comunicaron en las últimas horas desmantelamiento de áreas completas, a pesar de que a comienzos de la semana, los directores de Personal de Capital Humano se habían comprometido a que no habría más que despidos focalizados.
A pesar del estado de alarma de una nueva fecha límite, los dirigentes estatales confían esta vez en la palabra del Gobierno, pero están preocupados por el intento del cambio de régimen de contratación laboral. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona es uno de los cruzados del Ejecutivo en la materia.
En rigor, su número 2, el secretario de Justicia Santiago Amerio -el verdadero ministro en las sombras- que responde a Santiago Caputo, mantuvo una conversación la semana pasada con los delegados de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) que representan a los 2500 contratados por el ministerio para notificarles que la mitad serían contratados bajo el nuevo régimen.
En Justicia, que ya sufrió la poda del ministerio de las Mujeres, el INADI y el INAI, todavía hay conmoción por la muerte de un trabajador esta semana, que sufrió un infarto, y no pudo ser reanimado porque los tres desfibriladores del edificio de la calle Sarmiento no tenían la batería cargada.
Los nuevos contratos implicaría un recorte salarial cercano al 50 por ciento, un régimen de licencias menos generoso que el actual y la pérdida de la antigüedad. “Es un globo de ensayo“, advirtió en diálogo con Clarín el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que fue denunciado penalmente por el secretario de Transporte Franco Mogetta, por el paro de los controladores aéreos.
El secretario general de ATE Capital Daniel Catalano encabezó una protesta en Plaza de Mayo, que incluyó una olla popular y alertó sobre posibles cesantías. “Las y los estatales venimos siendo golpeados desde diciembre. Sabemos que se viene una nueva tanda de despidos. Nos quieren atemorizados. Que sepan que no lo van a lograr”, dijo el dirigente gremial, cercano al kirchnerismo.
A nivel nacional, ATE encabezó este miércoles un paro nacional. “En este momento el Gobierno se debilita. Por primera vez le empiezan a entrar las balas y tenemos que acelerar”, dijo Aguiar.
Los estatales tienen una presentación en la Cámara Laboral para voltear el artículo de la Ley Bases que permite al Gobierno cambios en los pases a disponibilidad y que abre la puerta a los despidos de planta permanente.
La tensión está atravesada, además, por las paritarias. Como adelantó Clarín, el Gobierno quiere congelar los salarios de estatales los últimos meses del año, para anclar los aumentos de los privados y las expectativas inflacionarias.
En UPCN, el gremio mayoritario que conduce Andrés Rodríguez, por ahora, se mantienen expectantes. Según la información que manejan en los gremios, de los más de 30 mil empleados despedidos desde diciembre, el 36% pertenece a la administración centralizada; el 28,43% a la organismos descentralizados, mientras que otro 30,36% trabaja en las sociedades del Estado.
Capital Humano lidera el porcentaje de despidos en la administración centralizada: En la Cartera de Pettovello se discontinuaron 4863 contratos. Le siguen Economía (2976), Salud (1337) y jefatura de Gabinete (1274). Los organismos de la administración descentralizada con más bajas fueron ANSES (1422), el Conicet (1339) y AFIP (596)