Personas con discapacidad y organismos vinculados respaldaron el proyecto, que busca garantizar presupuesto para atención médica y pensiones.
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Diputados: la oposición busca sancionar la emergencia para personas con discapacidad
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Personas con discapacidad y trabajadores vinculados reclamaron por la emergencia.
Diputados
Reformas para otorgar pensiones por invalidez, falta de pago a los servicios médicos, auditorías demoradas que alcanzan a la paralización: ese fue el estado de situación en el que coincidieron las personas con discapacidad que participaron de una comisión en Diputados, que busca decretar la emergencia para el sector hasta el 31 de diciembre del 2027.
El proyecto de autoría del bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria) busca focalizar partidas presupuestarias para garantizar el Sistema de Prestaciones Básicas en Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que además garantice una pensión no contributiva por discapacidad que sea compatible con la actividad laboral. La propuesta ya obtuvo dictamen en la Comisión de Discapacidad y la de Acción Social y Salud Pública, pero podrá ser emplazada en una sesión el próximo martes para que se vote en la última comisión pertinente, la de Presupuesto. En los últimos encuentros, hubo consensos de al menos 7 bancadas.
“Esto tiene un impacto presupuestario pero no en el funcionamiento general de la economía porque la emergencia establece la obligación de sacar esos recursos de otros lados y ponerlo acá, entiendo que es prioritario para que funcione el sistema”, explicó Arroyo quien indicó que de las últimas 500.000 personas solicitantes para la pensión por invalidez, se otorgaron 586 en el último año. Desde la comisión apuntan que se busca recortar presupuestariamente $1.000 millones en el sector.
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Autoridades de la Comisión de Discapacidad en Diputados.
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Comisión de Discapacidad pidió por ley de emergencia
Los diferentes oradores señalaron la problemática generada por las auditorías que se lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que paralizaron el otorgamiento de pensiones y que se realizan con procedimientos que dictan notificaciones que no contemplan la situación de salud de las diferentes personas auditadas. Por ejemplo, vuelven a requerirles pruebas a personas ciegas de nacimiento.
Entre los interlocutores se encontró Stefano Di Tata, de la Unión de Discapacidades, quien enumeró que “hace un año mi enfermero no cobra y está conmigo por mera solidaridad“; “tuve que hacer una colecta para comprar mis ruedas”; “para comprar una silla tuve que pedir ayuda solidaria”. “Soy paciente electrodependiente y es una vergüenza la falta de de humanidad que tiene la empresa prestadora”, agregó.
A su turno, Nicolás Randondy, de la Fundación inclusiva Danielito, planteó su apoyo a la iniciativa porque “ve una regresión que socialmente no nos hace bien y culturalmente tampoco” y remarcó la actualidad negativa de que “las obras sociales decidan qué es lo que te cubren y qué no”. “Para que me dieran la silla actual que tengo, me tuvieron que sacar una foto de mi espalda para comprobar por qué la estábamos pidiendo”, señaló.
Otra oradora fue Estefanía Romero, de la ONG Esperanza Hoy y Siempre, que detalló que “todas las personas con discapacidad estamos pasando la falta de acceso a los insumos, el acceso al transporte, la falta de trabajo, la falta de acceso a la prestaciones médicas básicas como lo establece la Ley 24.901″ y afirmó que “las familias llegan desesperadas porque no tienen recursos y las obras sociales no se hacen cargo“.
Informe Fernando Brovelli.-