La oposición vuelve a hacerle un favor político a Javier Milei: tras las marchas de protesta por las jubilaciones -en las que, más que debatirse los haberes previsionales, se discutió sobre la estrategia de los operativos policiales-, ahora la CGT convoca un paro general que la mayoría de los analistas considera “a destiempo”.
La realidad es que pocas veces se había visto una convocatoria tan desganada por parte de la cúpula sindical, que pareció más bien presionada por el ala dura del kirchnerismo para sumarse a la protesta callejera. De hecho, ya se había desestimado una propuesta de Pablo Moyano para un paro general en diciembre, que no fue respaldada en la dirección, lo cual motivó su salida del triunvirato cegetista.
La pasividad sindical en un marco de creciente enfrentamiento político ha sido, desde entonces, un tema de debate interno en la oposición. En la primera marcha masiva por las jubilaciones, en notorio contraste con la presencia de las hinchadas de fútbol, hubo una ausencia de columnas de la CGT, lo cual dio lugar a acusaciones de “traición”.
Es por eso que, desde hacía varios días, ante las señales de malestar político del peronismo, se había avisado se analizaba el mejor momento para la medida, en una situación que hizo recordar al acto de 2017 -durante la gestión de Mauricio Macri-, cuando ante la demora en concretar la convocatoria, los más impacientes empezaron a corear: “poné la fecha, la p… que te parió”.
En aquel momento, como hoy, también Héctor Daer y Carlos Acuña formaban parte del triunvirato cegetista.
Pero ahora, sobre todo, las miradas se habían posado sobre Hugo Moyano, que a diferencia de su díscolo hijo Pablo, se ha caracterizado en los últimos tiempos por mantener una postura dialoguista, y priorizar la negociación sectorial de camioneros, así como la gestión de su obra social gremial.
La actitud ambigua de Hugo Moyano
Moyano, que ya antes había destrabado junto a Guillermo Francos en la Casa Rosada una situación conflictiva, se bajó a último momento de la marcha por los jubilados. Y acaba de prestarse otra vez a un juego que le sirve a Toto Caputo, preocupado porque no haya un “exceso” en las paritarias que pueda poner en riesgo el descenso de la inflación.
Como siempre, se pacta un número que es el que se quiere dejar como referencia, que luego es mejorado con una suma fija. En total, el gremio recibirá una mejora de 6% para el trimestre marzo-mayo, que subirá a 8% para tres ramas del transporte.
A primera vista, puede sonar extraño que se esté convocando a un paro general cuando uno de los gremios más importantes acaba de llegar a un acuerdo salarial. Más aun, oficialmente, uno de los motivos que justifican la medida de fuerza es el malestar por la intervención del gobierno en las paritarias y la presión de Caputo por no homologar las cifras que considera que no se condicen con la perspectiva de la inflación.
Por cierto que no se trata de una situación novedosa para la CGT: durante la gestión de Alberto Fernández, fue una constante de la política salarial oficial la advertencia sobre la precaución de no excederse en los reclamos, porque muchas empresas pyme que no estuvieran en condiciones de dar los aumentos podrían trasladar inmediatamente el mayor costo laboral a sus precios.
Claro que las tensiones durante la gestión pasada no llevaron a ningún paro, mientras que el gobierno de Milei ya cuenta con el tercer paro general en 14 meses.
Un paro a contramano de los indicadores
La realidad es que, si se compara este paro general con los dos previos, ahora hay mucho menos motivación entre los popes sindicales para la medida de fuerza. Los anteriores, en enero -una fecha inusual- y luego en mayo del año pasado, contaban con una agenda cargada de temas de peso: la reimplantación del impuesto a las Ganancias y las reformas contenidas en la primera versión de la ley Bases, que erosionaban ingresos financieros sindicales por las vías de los aportes salariales y por las obras sociales.
Es decir, había una determinación a dar una demostración de fuerza ante un gobierno recién asumido, que parecía dispuesto a tocar privilegios que datan de varias décadas. En aquel entonces, los máximos dirigentes del peronismo como Cristina Kirchner y Sergio Massa, se mostraron en desacuerdo con la celeridad de la convocatoria, y aconsejaban ir tomando medidas más gradualistas, para recién ir al paro general cuando se sintiera a pleno el malhumor social por la suba de tarifas.
Hoy, en cambio, la situación luce completamente invertida: son los políticos los que quieren exacerbar la protesta y polarizar con Milei, mientras los sindicatos están negociando paritarias que, en la mayoría de los casos, les permiten una recuperación del salario.
La estadística del Indec marca que a fin del año pasado el promedio de los salarios en el sector del trabajo formal había mejorado un 9% “punta a punta” del año. El incremento es más notorio en la rama privada, donde llega a un 13,6% real. Pero incluso entre los empleados públicos, que vienen más retrasados, hubo un alza levemente superior a la inflación.
Y, con la excepción de diciembre pasado, en todos los meses se registró una mejora salarial por encima del IPC.
Toto Caputo acaba de publicar un tuit sobre datos del SIPA, en el que afirma que el salario privado de enero dio el mayor nivel -para ese mes- de los últimos cinco años. Y también celebró que en enero se revirtió la tendencia del consumo en almacenes y supermercados, al haberse registrado una mejora real de 4,9% interanual y de 1,9% respecto del mes previo.
Hay, además, otro factor que conforma un mal “timing” para el paro y que podrá favorecer el discurso del gobierno: la medida se producirá 10 días después de que se conozca el dato de pobreza e indigencia correspondiente al segundo semestre del año pasado. Y las previsiones apuntan a que rondaría un 37%, es decir un nivel ya inferior al 41,7% que había heredado de la gestión Fernández.
Los libertarios sacan rédito político
Lo cierto es que en el gobierno, lejos de significar una preocupación, existe la expectativa de que el paro general pueda resultar beneficioso desde el punto de vista político. Tal como ocurrió con las marchas de protesta por las jubilaciones, en el “ala halcona” de La Libertad Avanza creen que este tipo de situaciones que polarizan la opinión pública son la oportunidad de reforzar la lealtad de la base electoral.
En el caso de la marcha jubilatoria, las escenas de violencia -y su contracara de ostentación de presencia policial- resultaron un factor que reconcilió a Milei con el votante que había reclamado una política de “mano dura” contra las manifestaciones y cortes de calles.
Y, en el caso del paro general, se da otro fenómeno que el gobierno piensa explotar a su favor: la falta de transporte afectará a los millones de trabajadores independientes e informales, que no solamente no se sienten representados por la cúpula sindical sino que la ven como la responsable de hacerles perder un jornal.
Es un tema que los politólogos vienen analizando desde que la masa laboral empezó a cambiar, en detrimento del tradicional empleo en relación de dependencia. Mientras ese sector se mantiene estancado, sigue creciendo el informal, que ya supera un 35% del total, según las estimaciones.
Entre monotributistas y autónomos suman unos tres millones de trabajadores, en un segmento que va creciendo en la medida en que las empresas adoptan los contratos temporarios y servicios tercerizados como tónica general. Además, se calcula en más de cinco millones la masa de los trabajadores menos calificados que hacen “changas” de diverso tipo.
Desde hace tiempo que el gobierno, para argumentar la necesidad de una reforma en la legislación laboral, apela a esta distinción entre los asalariados privilegiados por sus coberturas legales, en contraste con la masa de trabajadores que son empujados a la informalidad por la propia rigidez de un sistema laboral pensado para otra etapa histórica, sin home office ni servicios de delivery.
Ahora, nuevamente, el gobierno sacará provecho de una medida de protesta para reformular la antinomia “ellos y nosotros”, en la que los sindicalistas y el peronismo representan la voluntad de mantener privilegios al costo de perjudicar a la creciente masa de cuentapropistas, un sector en el que los votantes libertarios son mayoría.