El Gobierno nacional vetó la ley de emergencia que proponía la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinados a la reconstrucción de Bahía Blanca y otros municipios afectados por las inundaciones de marzo de 2025. Desde el Ejecutivo sostienen que ya se implementó un programa con el mismo objetivo, por lo que consideran innecesaria una nueva asignación presupuestaria.
La ley 27.790 declaraba el estado de emergencia y catástrofe en el sur de la provincia de Buenos Aires por 180 días, con foco en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. El proyecto fue aprobado por el Senado el 7 de mayo y obtuvo 153 votos afirmativos y 32 negativos en la Cámara de Diputados el 4 de junio.
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La iniciativa tenía el objetivo de otorgar subsidios a personas perdieron su fuente de ingreso, iniciar obras de infraestructura y crear líneas de financiamiento a tasas preferenciales para asistir a los sectores afectados.
El veto fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los argumentos detrás del veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca
Según señalan en el texto, el 1 de abril se dispuso la creación de un fondo especial de $200.000 millones y de un programa de asistencia directa denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, con el mismo objetivo que la ley vetada. Estas medidas fueron implementadas a través del Decreto 238/25 y gestionadas desde el ministerio de Seguridad.
En tanto, desde el Gobierno consideran que la sanción del decreto N° 238/25 “torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como el de la emergencia que se está transitando”
El Ejecutivo justificó su decisión argumentando que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.
El decreto presidencial también remarca que la implementación del S.U.R en la localidad de Coronel Rosales “resulta de imposible cumplimiento”, porque la localidad no quedó dentro de la “zona establecida como la más afectada”, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, el Ejecutivo objetó la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada. Según la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, “las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.
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El texto también menciona el artículo 8° del proyecto de ley, que proponía una línea de financiamiento para la reconstrucción de viviendas y asistencia a sectores productivos. Sobre este punto, el Ejecutivo indicó que el Banco Nación “ya cuenta con las facultades para otorgar este tipo de asistencia financiera según su Carta Orgánica”.
Con este veto, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y cerró la posibilidad de declarar la emergencia y crear nuevos fondos de asistencia durante el actual año legislativo.
TV/fl