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viernes, 21 junio, 2024

Escándalo con la titular de la Aduana: en el Gobierno admiten que es un tema incómodo pero aún «analizan» qué resolución tomar

Si bien la denuncia judicial contra la titular de la Aduana, Rosana Lodovico, en la que se investiga su actuación por haber contraído un préstamo con una empresa vinculada a maniobras de de contrabando, resulta incómoda para el oficialismo aún en lo más alto del poder «se analiza» el caso y no de descarta que haya un pronunciamiento en los próximos días respecto a la continuidad de la funcionaria.

Nuevamente en el seno de la administración libertaria conviven diferentes miradas respecto a lo sucedido. Incluso algunas fuentes oficiales arriesgan que la eventual remoción de la funcionaria vinculada al massismo parece tener un destino manifiesto. Pero, en verdad, el destino de Lodovico aún es incierto: sí está claro que el mismo no dependerá de una decisión de la administradora federal de AFIP, Florencia Misrahii, sino de lo más alto del Ejecutivo.

En el oficialismo aseguran que Javier Milei está al tanto de la denuncia pero aún no tomó una resolución al respecto. También analizan el tema en el Palacio de Hacienda que, en los papeles, tutela el funcionamiento de la AFIP, de donde depende Aduana y la DGI. «Toto» Caputo, de hecho, estudia una «reestructuración» del organismo recaudador con el fin se suprimir decenas de jefaturas.

Justamente algunas voces del organismo recaudador advierten que en una administración en la que han escaseado los funcionarios técnicos, la directora general de la Aduana no tendría un fácil reemplazo. Y minimizan los lazos con su antecesor, el massista Guillermo Michel, al considerar que reviste en la institución desde hace 30 años y que fue ascendida por la actual gestión al igual que el actual titular de la DGI, Gabriel Ramírez, también un agente de planta.

La acusada fue denunciada por la diputada Marcela Campagnoli luego que se conociera que, en 2022, junto a su ex marido, Luis Antonio Bocassi, tomaron un préstamo de US$ 250.000 con la firma Promarlon SA, una sociedad anónima implicada en presuntas prácticas ilícitas en el ámbito aduanero. Al momento de la transacción, ejercía como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas del organismo.

También es cierto que la funcionaria era conocida de Michel e incluso había trabajado durante la gestión del kirchnerista Ricardo Echegaray. Con el gobierno de Mauricio Macri había quedado relegada y nuevamente fue promovida durante la gestión del FDT. Pero su mayor ascenso lo logró durante la actual administración. «No tienen recursos humanos técnicos, eso explica que en AFIP haya habido tantas promociones de agentes que tienen años en el organismo», explica una fuente oficial consultada.

“No hay ninguna determinación tomada”, sostuvo este lunes Manuel Adorni al ser consultado sobre la situación de la titular de Aduanas. Pero otro vocero consultado entendió que su remoción «podría decidirse pronto porque es una funcionaria ligada a Massa».

Una funcionaria consultada reconoció la escasez de recursos humanos en LLA pero también conjeturó que «le van a dar salida porque la denuncia es pesada. Es cierto que para no mostrar debilidad no suelen desprenderse de los funcionarios en forma rápida». En los hechos, aún no hay una definición del jefe de Estado sobre el caso.

Si bien la denuncia contra Lodovico venía siendo investigada por la justicia de San Martín, la presentación de Campagnoli, en la que pide investigarla por los presuntos delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, fue sorteada en Comodoro Py y recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el mismo que es promovido por el Presidente para la Corte. La legisladora de la Coalición Cívica adelantá que recusará al magistrado al sostener que el hermano del magistrado, «Fredy» Lijo, constituyó una sociedad con el cuñado de Lodovico y también empleado de la Aduana, Alejandro Omar Lucano.

La causa legal contra Promarlon SA, iniciada en 2017 por la propia Aduana, involucra a 25 personas, incluyendo miembros de la empresa y funcionarios públicos del organismo de control. Se les acusa de formar parte de una organización dedicada al contrabando de mercaderías entre Paraguay y Argentina, así como su posterior distribución y comercialización.

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