El Gobierno prepara nuevos decretos para derogar más de 40 leyes y eliminar organismos estatales

Como cualquier estudiante de derecho sabe, lo que incluye a los ciudadanos más o menos informados, el Presidente de la Nación no puede cambiar o anular leyes por decreto de manera arbitraria, y los decretos de necesidad y urgencia deben estar relacionados con esas circunstancias.

Sin embargo, ya nos estamos acostumbrando a un Javier Milei a quien la arbitrariedad lo tiene sin cuidado y los DNU son su arma más efectiva para naturalizarla; es decir, sus decretos son moneda cotidiana y a nadie parece importarle, ni siquiera al Congreso.

Ahora, el Gobierno libertario tiene listo un nuevo decreto de necesidad y urgencia para derogar más de 40 leyes, que en su mayoría han perdido relevancia o efectividad, lo que de algún modo explica el DNU.

El documento elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya está en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal y se publicará en el Boletín Oficial antes de que promedie abril.

En la Casa Rosada lo llaman el “decreto hojarasca”, en alusión a las características de las leyes a derogar y, como se dijo, han perdido toda o casi toda aplicación a raíz del paso del tiempo y de la evolución de la burocracia estatal y de la sociedad, habiendo quedado obsoletas.

Por ejemplo, se darán de baja normas que establecen el marco legal del uso del microfilm en distintos organismos del Estado para conservar documentación oficial, o la eliminación de la jurisprudencia relacionada al carnet de mochilero, que dispone su obligatoriedad para las personas que “soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”.

O la derogación de leyes que impulsan medidas sanitarias relacionadas con la prevención de la viruela, que establece la notificación de los casos de la enfermedad y los procedimientos para su control, como disponer medidas de aislamiento.

Por otro lado, otro DNU en análisis que podría hacerse efectivo en los próximos días, es el que elimina 24 organismos estatales, fusiona más de 15 estructuras y transforma alrededor de 16, como el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), que desaparecerá.