La Casa Rosada activó una “purga” dentro de la Procuración del Tesoro luego de detectar posibles filtraciones vinculadas a la causa que enfrenta el Estado argentino contra el fondo Burford por la estatización de YPF. Altas fuentes del Gobierno afirmaron que hay sospechas de “venta de información” desde el interior del organismo que representa jurídicamente al Estado en litigios clave.
Aunque se maneja con total hermetismo, el Ejecutivo dio la orden de despedir decenas de funcionarios y prepara una reforma interna, según difundió Infobae. El encargado de ejecutar los cambios es el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, un funcionario cercano al círculo de Santiago Caputo.
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La desconfianza se habría disparado tras detectar que estrategias judiciales comenzaron a circular sin autorización de los niveles superiores. No está confirmado qué información se filtró ni a quiénes, pero en la Casa Rosada no descartan que haya beneficiado a Burford Capital, fondo que logró una sentencia por 16.000 millones de dólares contra Argentina en una corte de Nueva York. Además, según publicó La Nación, se trataría de “más de 60 despidos”.
La reestructuración implicaría la disolución de áreas internas y el rediseño del esquema de trabajo en la Procuración. Se espera que en los próximos días se publique un comunicado oficial que detalle los cambios. “Estamos hablando de causas que cuestan muchos millones de dólares. Lo que pasó es muy grave”, señalaron desde Balcarce 50 al mencionado medio. El avance ocurre en simultáneo con un nuevo respaldo del Gobierno de Estados Unidos a la estrategia legal argentina.
Causa YPF: la Corte de Apelaciones suspendió temporalmente la entrega de acciones
Washington advirtió que entregar las acciones de YPF violaría la inmunidad soberana
Este lunes, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que rechazó el intento de Burford de quedarse con el 51% de las acciones estatales de YPF. El documento, firmado por el fiscal adjunto Damian Williams, advirtió que acceder a ese pedido violaría los principios de inmunidad soberana. En 2024, Washington ya había intervenido con una postura similar, aunque la jueza Loretta Preska no la tuvo en cuenta y ordenó igualmente el traspaso de acciones.
El conflicto se remonta a la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, que Burford Capital considera ilegal. La causa se encuentra ahora en etapa de apelación, y la Argentina busca sumar apoyo internacional para frenar la ejecución del fallo. La Cancillería y la Procuración intentan sumar presentaciones “amicus curiae” (aquellas realizadas por terceros ajenos al litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión) de países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania.
Analistas advierten que, si bien el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos es importante, no garantiza un fallo favorable. “La intervención de EE.UU. apunta a frenar la ejecución del fallo, no necesariamente a revertirlo”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Según su análisis, el apoyo actual no se extiende al reclamo de los 16.100 millones de dólares ni a la orden concreta de entregar las acciones. Aun así, marca un nuevo capítulo en una disputa con impacto económico y político de largo alcance.
TC/ML