En la Cámara de Diputados, el oficialismo y gran parte de la oposición avanzan en un dictamen para modificar el régimen penal juvenil y permitir que adolescentes de 14 años puedan recibir condenas en causas penales.
La jugada forma parte del plan del Gobierno para endurecer las penas y aplicar lógicas adultas a delitos cometidos por menores.
El debate será retomado el próximo miércoles a las 17.30 en un plenario de comisiones en Diputados, luego de haber sido postergado por la escandalosa sesión del criptogate. Allí, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y aliados buscarán cerrar un dictamen que se base tanto en el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo como en otros presentados por distintos espacios políticos.
Aunque la iniciativa original del Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, hay acuerdo político para fijarla en 14, con el argumento de que los jóvenes que cometen delitos graves deben enfrentar consecuencias penales.
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El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de los menores
Sin embargo, el proyecto contempla límites como la prohibición de aplicar prisión perpetua y un máximo de condena de 20 años para menores.
Pese al impulso del oficialismo, el proyecto despierta fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y especialistas, que advierten sobre la criminalización de la juventud y la falta de políticas de inclusión y contención. La iniciativa se trataría en el recinto en la primera quincena de mayo, si el oficialismo logra el respaldo suficiente.
Diversos especialistas en infancia y derechos humanos advierten que la baja de la edad de imputabilidad refuerza un enfoque punitivista que no resuelve el problema de fondo. Señalan que el Estado, en lugar de fortalecer políticas públicas de contención, inclusión social y acceso a la educación, opta por criminalizar a chicos que en su mayoría provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad.
Alertan además que el sistema penal no está preparado para la rehabilitación de adolescentes y que la medida podría profundizar la exclusión y la violencia, sin reducir efectivamente el delito ni mejorar la seguridad ciudadana.
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