El lunes 26 de mayo finalizó el segundo juicio a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, y de nuevo el veredicto fue en contra de la comunidad mapuche. El Tribunal Federal de General Roca condenó a penas de hasta dos años y medio de prisión hasta tres años (salvo la pena de Ardaiz Guenumil que fue de un año por estar imputada en menos hechos), siempre de prisión en suspenso usurpación a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
Las y los condenados son Betiana Colhuán Nahuel, Celeste Ardaiz Guenumil, Matías Santana, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Yessica Bonnefoi. Como para algunos miembros de la comunidad sería ya la segunda condena similar, en caso de quedar firme la medida, podrían ser de cumplimiento efectivo. «Aunque encarcelen nuestros cuerpos, nuestros espíritus van a seguir siendo libres», expresó la machi Betiana Colhuan.
Las penas fueron las siguientes:
– Dos años y seis meses de prisión en suspenso a Matías Santana y Yessica Fernanda Bonnefoi. En el caso de Santana, el juez dispuso, en el mismo acto, ordenar su libertad y concluir la prisión domiciliaria que pesaba sobre él.
Tras conocerse hoy el veredicto, los abogados defensores señalaron que “la causa trucha y armada contra la comunidad Winkul fue siempre un juicio político”. En un comunicado difundido por la Gremial advirtieron: “El resultado era más que cantado: jueces, fiscales y querellas con la ideología del racismo y bancando los intereses de los latifundistas y las grandes empresas fueron llevando el proceso judicial a este final anunciado. Como dijimos y reiteramos: las sentencias contra los pueblos originarios se firman en los despachos judiciales, pero se redactan en otros lados. Y así llegamos a una sentencia que pintaba cantada desde el primer día”.
Por su parte, en un comunicado titulado “La enorme tarea del poder judicial en sostener una farsa y evitar hacer Justicia”, la Confederación Mapuche de Neuquén apuntó: «el Tribunal Oral en lo Criminal Federal instalado en Fiske Menuko, conducido por el Juez Silva, hoy dictó sentencia, ante lo que ellos consideran delitos. Una vez más un poder judicial, que a todas luces obedece y es funcional a los sectores económicos y políticos de poder, deja tranquilo a quienes sacan provecho de este escenario de represión. Una vez más pierden la oportunidad de ocupar el lugar trascendente que debería ser buscar y aplicar justicia. Orientar al gobierno represor a resolver un conflicto histórico que no acabará con ninguna sentencia que se aplique y va resurgir una y otra vez porque está en juego la supervivencia como Pueblo Nación”.
Esta sentencia se suma a un largo historial de represión y persecución a los pueblos originarios en la Patagonia. En este mismo sentido la lof Melo y Kinxikew, en la zona de Villa La Angostura, se encuentran enfrentando una orden de desalojo luego de que el territorio que ocupan ancestralmente fuera vendido a un privado con las comunidades adentro.