“Todo no se puede”. Ese es el más reciente reconocimiento (y lamento) que se escucha por estos días en algunos de los despachos más importantes de la Casa Rosada. Se trata una admisión de las restricciones que encuentra la gestión de Gobierno y la construcción política libertaria. También, un motivo de discusiones internas respecto de estrategias y prácticas.
La política, la economía y parte de la sociedad (en la calle y en las redes sociales) han empezado a mostrarle al Gobierno los límites que tiene el voluntarista “vamos por todo” del mileísmo. No son días apacibles en casi ningún ámbito.
Esa realidad sacó a la luz las diferencias tácticas y de perspectivas que existen entre Santiago Caputo y Karina Milei, dos de los tres lados del triángulo de hierro, respecto de la relación con la dirigencia política y el armado electoral, pero no solo en eso.
La preeminencia de Javier Milei, vértice mayor de esa trinidad, impide, por ahora, que las discrepancias, potenciadas por el calendario electoral, alcancen el nivel de conflicto abierto así como refuerzan la necesidad de relativizarlo. Aunque ya nadie lo oculta. Parece imposible. La prescindencia del Presidente no ayuda a resolver la disputa y, en algunos casos, parece agravarla.
Por debajo de esos dos referentes las relaciones son más ásperas. La tensión está en su punto más alto entre “Las fuerzas del cielo”, que se referencian en Caputo e integran la milicia digital oficialista, y los “territoriales”, que responden a las directivas de la hermanísima y de su íntimo ladero Eduardo “Lule” Menem.
El hermetismo de logia secreta que caracteriza a unos y otros respecto de cuestiones internas, fuera de sus círculos de confianza, empezó a mostrar fisuras. Cronistas a los que hasta hace nada ignoraban han empezado a recibir información sobre disputas intestinas por el poder, el armado de las listas electorales y discrepancias sobre ciertas políticas.
Esa interesada apertura convive con un recrudecimiento de los ataques contra periodistas y con nuevos juicios iniciados por el Presidente. Probablemente una cosa no esté disociada de la otra. Son situaciones que la prensa internacional (como lo reflejó ayer The New York Times) y diplomáticos de los principales países democráticos exponen y siguen con creciente preocupación.
En ese contexto adquiere más relevancia el avance registrado en el Congreso de proyectos impulsados por la oposición que pueden complicar política y fiscalmente al Gobierno, como son la reparación previsional, la asignación de más fondos para las universidades y para el Hospital Garrahan, así como la reforma de la legislación sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que dificultaría el uso de esa herramienta con la que Milei ha sorteado la restricción parlamentaria.
La exitosa embestida opositora de este jueves para hacer que el Senado trate el proyecto previsional, que ya cuenta con media sanción y que el Presidente anunció que vetaría, fue la continuidad de lo ocurrido el miércoles en Diputados. En la Cámara baja se había alcanzado con comodidad el quorum (antes de que el sugestivo y no suficientemente explicado escándalo entre kirchneristas y libertarios terminara por hacer caer la sesión) para tratar tres de aquellas iniciativas antes mencionadas. Es la consolidación de un importante cambio de conducta de sectores de la política que hasta ahora le habían dado soporte a las iniciativas oficiales.
El transversal acercamiento registrado entre la casi totalidad de los gobernadores, con sus reciente pronunciamientos críticos y demandas hacia el Gobierno, sumado al cambio de comportamiento de los legisladores nacionales que les responden es una de las expresiones más acabadas de los ruidos que está desatando este ir “por todo” mileísta.
“Karina y Lule están uniendo a los que habíamos dividido. Si no hay plata ni obras para darles, por lo menos no los maltratemos ni les compliquemos el territorio. Hay que buscar algunos puntos de acuerdo”, dicen en las cercanías del supergurú presidencial con un argumento que se parece demasiado a un reproche. Tanto como a una expresión de impotencia de un sector que parecía todopoderoso.
Mirada desde la óptima provincial, la reacción de los gobernadores es fruto de la doble ausencia de gratitud y generosidad en términos político-electorales y económico-financieros. En concreto, es el resultado de la voracidad por capturar espacios, el impacto del ajuste fiscal y la discrecionalidad con la que la Casa Rosada y el Ministerio de Economía maneja los recursos nacionales (coparticipables o no). Todo eso combinado con los efectos no deseados en la microeconomía de la política macroeconómica.
“Son malos pagadores y, encima, nos quieren intrusar nuestros territorios. Nos arman internas, quieren imponernos nombres de alianza y poner sus candidatos en los principales lugares”, dice un mandatario que hasta hace un mes hacía todos los deberes (y a veces más) que le pedía la Casa Rosada.
El caso del radical correntino Gustavo Valdés resulta emblemático. Hipotecó lo que quedaba de la reputación del senador Eduardo Vischi en aras de hacerle caros favores al Gobierno, que no le fueron pagados. Sobre todo, cuando llegó el momento de armar las listas para la elección en la que, además de cargos legislativos provinciales, se elegirá a quién lo sucederá al frente de una provincia que maneja con mano de hierro.
A contramano de su propia historia política, a Karina Milei y a Lule Menem no les gustó el proyecto sucesorio familiar de Valdés, que impuso como candidato a su hermano menor Juan Pablo. Tampoco que les diera a los libertarios lugares secundarios en las boletas. Valdés se amparaba en el tercer lugar que sacó la fórmula libertaria en esa provincia en la primera vuelta de la elección presidencial de 2023. Los Milei querían que les pagaran por el 53% obtenido allí en el balotaje. El gobernador, además, pretendía que le reconocieran su aporte para que el libertario lograra esa victoria. Difícil ponerse de acuerdo.
El caso correntino refleja la pretensión hegemónica del mileísmo de que gobernadores e intendentes aliados se subordinen al proyecto exclusivo y excluyente de Milei, sobre la base de su popularidad nacional y, en particular, de su éxito en la lucha contra la inflación, sin tener en cuenta realidades y legitimidades locales.
Un escenario similar se reproduce en el territorio bonaerense, donde el avanzado proyecto de absorción del macrismo por parte de los libertarios, con la anuencia de Mauricio Macri y la personal diligencia de Cristian Ritondo, despiertan algunos conatos de resistencia por parte de intendentes y dirigentes locales amarillos, a los que se pretende obligar a entregar cuotas de poder y lugares principales en las listas a cambio de promesas de cumplimiento dudoso en un futuro cercano.
En la misma situación se encuentran los radicales bonaerenses, a pesar de la predisposición para alcanzar un acuerdo e integrar un espacio común que manifiesta el senador nacional y presidente del comité provincial Maximiliano Abad, con el argumento de que es necesaria una alianza para derrotar al kirchnerismo. A Abad ni siquiera le han ofrecido tomar un café. Hablar sobre un armado electoral conjunto asoma así como una expresión de optimismo escasamente realista.
El riesgo de que ante esa realidad, el perokirchnerismo, aun en su actual estado de erupción y conflicto de fondo irresoluble, se imponga en la elección bonaerense del 7 de septiembre potencia las diferencias internas en la cima libertaria. No todos evalúan de la misma manera las consecuencias de un escenario como ese.
La aparente convicción del karimenemismo de que eso no afectaría la performance de los libertarios en los comicios nacionales de octubre no es compartida con tanta certeza por todo el mileísmo. Más aún si se torna más difícil “pasar el invierno”, que empezó muy crudo no solo en la dimensión meteorológica.
El Congreso, al igual que los mercados financieros y algunos espacios empresarios, han sido en los últimos días cajas de resonancia y amplificación de las complicaciones y restricciones que enfrenta el Gobierno.
En el plano económico-financiero algo similar podría decirse del “respiro” que decidió adoptar y aconsejar respecto de los activos argentinos en pesos el banco de inversión JP Morgan, por razones vinculadas con la política cambiaria, el nivel de reservas y la coyuntura electoral.
Otro tanto representa la suba del precio del dólar durante esta semana, que se produjo en el momento en el que se alcanzaba el pico de liquidación de divisas del sector agroexportador. Un dato negativo que cobra mayor significación cuando se tiene en cuenta que el primer semestre del año cerró con un aumento del 40% respecto del mismo período del año anterior en las ventas al exterior de granos y derivados, según datos de la cámara de aceiteros y exportadores de cereales (Ciara-CEC). El número resalta, aún más, el déficit de cuenta corriente en lo que va del año, que dice no preocuparle al ahora pendenciero ministro Caputo.
Ese “adelanto de exportaciones”, adoptado antes de que los derechos de exportaciones sobre los granos volvieran al nivel que tenían antes de ser rebajados hace seis meses, implica que el ingreso de dólares del principal complejo exportador será decreciente en lo que resta del año.
No sería ese el escenario más deseado para encarar las elecciones nacionales legislativas, previstas para el domingo 26 de octubre. Uno de los precios que los argentinos miran detenidamente a la hora de votar es el de la moneda norteamericana.
Por eso, el Gobierno se ha empeñado en mantenerla controlada aún a riesgo de afectar otras variables, que también empiezan a crujir, como la actividad industrial y el consumo de bienes no durables, con su correlato en el empleo. En los grandes centros urbanos los promedios generales se quedan cortos y no en sentido positivo.
También eso explica las actitudes de gobernadores e intendentes que ven mermados sus ingresos y que son objeto de crecientes demandas de sus propios votantes como consecuencia de políticas que los exceden. La primera ventanilla de reclamos siempre es la del intendente.
Para completar la sucesión de eventos poco alentadores, el FMI sumó el anuncio de que no ha terminado la revisión del cumplimiento de las metas del acuerdo de facilidades extendidas y que aún no tiene fecha para el desembolso de los 2000 millones de dólares que restan de lo otorgado para este año en ese programa.
El (sobre) cumplimiento de los objetivos de déficit fiscal y emisión monetaria tiene el contrapeso del incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. No obstante, el Presidente y el ministro de Economía han insistido en público con que no es ese un motivo de preocupación. Puesto en contexto, tal vez tengan razón.
Cuando la cuenta regresiva electoral empieza a acelerarse, parecen sumarse las urgencias. Adentro y afuera, el “vamos por todo” libertario provoca ruidos y muestra límites.
Tal vez, Milei tenga que pasar de la prescindencia en ciertos temas a un ejercicio más amplio de la Presidencia. El éxito en el plano económico y en la batalla cultural, que es lo que le importa, depende de muchas variables.