El gobierno del presidente Javier Milei está llevando adelante una cruzada política sin precedentes en la historia de nuestro país para tratar de poner en caja a una economía absolutamente desmadrada y enviciada como consecuencia de demasiados años de un despilfarro populista que destrozó el espíritu emprendedor de gran parte de los argentinos, acostumbrándolos a vivir bajo la protección de un Estado insaciable y pretendidamente todopoderoso que terminó condenando a la pobreza a casi el 60% de sus habitantes.
Recomponer el entramado social y posibilitar la reconstrucción autónoma del aparato productivo requiere de una decisión política sin especulaciones ni intereses personales por parte de un presidente que padece permanentes tironeos desde diferentes sectores que tratan de evitar ser alcanzados por las consecuencias derivadas del achicamiento y saneamiento del Estado.
Pero el Gobierno también necesita del ingreso de divisas genuinas que apuntalen esta nueva oportunidad de recuperación económica que el grueso de los argentinos votó aún sabiendo que esa elección implicaba un enorme sacrificio para superar tantos años de frustraciones.
Con un mercado financiero internacional todavía renuente a prestar fondos frescos a un país defaulteador serial como la Argentina es en este punto en que cobra una importancia trascendental la acción de los productores agropecuarios, quienes en los próximos dos meses se disponen a arriesgar e invertir entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en campos en su mayoría alquilados a sus propietarios, sin ningún estímulo del Gobierno, sin RIGI, sin prebendas ni beneficios sectoriales, sin apoyo crediticio oficial y sufriendo aún el peso impositivo asfixiante del Estado.
Del éxito productivo de este nuevo y arriesgado esfuerzo agropecuario dependerá ese ingreso de divisas que nuestro país necesita de manera imperiosa.
Sin embargo, luego de tres años consecutivos de sequía, con un nuevo pronóstico de escasez de precipitaciones para los próximos meses y un marco de precios internacionales bajos para los principales productos del campo argentino, la capacidad de inversión de los productores se encuentra seriamente limitada, condicionando la posibilidad de búsqueda de los techos productivos que el país necesita.
Ante esta situación, cobra una importancia determinante el inmediato cumplimiento de la promesa electoral de eliminar los derechos de exportación que pesan sobre los productos agropecuarios, devolviéndole al productor la competitividad que el Estado le cercena, permitiendo así una mayor capacidad de inversión tecnológica por parte del sector económico más dinámico del país y responsable del ingreso de siete de cada diez dólares genuinos que entran a la economía argentina.
Los derechos de exportación constituyen un freno infranqueable para el crecimiento no sólo del productor agropecuario sino también de todo el entramado social del interior del país que vive del movimiento económico que genera el campo y que en su conjunto se puede transformar en el verdadero motor de recuperación económica sustentable e inclusiva de una Argentina que conoce demasiadas frustraciones.
Asimismo, la mayor producción obtenida, derivada de la aplicación de un mayor y más costoso paquete tecnológico, generará mayores ingresos impositivos por vía del impuesto a las ganancias y otros tributos que pesan sobre el campo.
Perseverar en el mismo error cometido por gobiernos anteriores que mantuvieron la plena vigencia de los derechos de exportación implica volver a condenar al país a permanecer en el mismo espiral de decadencia en el que se encuentra.
Por eso, el momento es ahora, cuando el productor se dispone a arriesgar su futuro en este nuevo ciclo económico que aún puede ser inusualmente virtuoso. Después, el daño productivo nuevamente estará hecho y otra vez será tarde para pretender evitar cimbronazos de mercado. Potenciar las capacidades de inversión del productor agropecuario argentino es una apuesta valiente y con ganancia asegurada para todo el país.
El autor es productor agropecuario
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