sábado 8 de febrero de 2025
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Por corrupción
La intendenta libertaria de Anisacate, Natalia Contini -quien saltó a la fama hace un año, cuando removió del pueblo cordobés la estatua de Néstor Kirchner-, deberá sortear un proceso de revocatoria de mandato impulsado por un grupo de vecinos que la acusan de incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad y corrupción. El pedido de revocatoria a la libertaria fue formalmente iniciado. Ahora la Justicia provincial (a través del juez de Paz de esa localidad) deberá convalidar que el porcentaje de vecinos que pide abrir el proceso de referendum es válido de acuerdo a la ley cordobesa.
Anisacate es una localidad que está en el conurbano de Alta Gracia. En los últimos años tuvo un crecimiento exponencial por una política de loteos. En 2023, Contani ganó la elección municipal por un puñado de votos, 19, y desplazó al kirchnerismo. Ella llegó con el sello del PRO, pero rápidamente se mostró libertaria y fue la primera funcionaria cordobesa en impulsar la alianza de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza: en agosto abrió el local de “Juntos por la Libertad”.
Los vecinos que impulsan el proceso de revocatoria de mandato se basan en la “mala gestión” de la intendenta, quien llegó sin ninguna experiencia previa. El despido masivo de empleados municipales (vecinos de la ciudad), la suspensión del servicio de transporte escolar municipal, el desconocimiento de los nuevos loteos que reclaman servicios básicos y el cobro de servicio de salud y para el uso del río Xanaes alimentaron el malestar de un sector de la población.
En ese sentido, entre los fundamentos de los vecinos que piden remover a la intendenta aparecen los juicios que plantearon desarrollistas afectados por la anulación de las ordenanzas que -en la gestión anterior- habían habilitado miles de lotes.
La presentación de apertura del proceso de revocatoria fue convalidada por más de 200 vecinos. Se necesita que unos 850 (el 10% del padrón) lo avale. Si se logra ese número, se debería abrir el referéndum. Esa recolección de voluntades comenzará el 11 de febrero, y se extenderá por 15 días. Si se llega al porcentaje establecido en la ley, la Junta Electoral Municipal debería convocar a la consulta popular.