La denuncia que el comisario Ulises Córdoba realizó tres días antes de retirarse como jefe de Policía, en la que señaló irregularidades en el manejo de autopartes que habían sido puestas a resguardo de una empresa privada, sirvió para reactivar los cuestionamientos de la oposición a la gestión del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Por un lado, el comisario retirado Javier Varela, quien denunció uno de los hechos que alcanzó la elevación a juicio, lamentó que hasta el momento la Justicia no se haya expedido y también sostuvo que la ola de inseguridad es una consecuencia de muchos años en los que el tema “no fue prioridad”. La diputada provincial Natalia Herrera (UCR), por su parte, apuntó a la ministra Segura, le pidió que dé un paso al costado e ironizó con que la inseguridad alcanzó incluso a la Policía.
Varela fue consultado por El Ancasti en oportunidad de su participación en el lanzamiento del Partido Libertario, del que forma parte como coordinador de un equipo de trabajo de políticas vinculadas a la Seguridad, junto a otros comisarios retirados. En 2017, Varela denunció por varios hechos de corrupción al entonces subjefe de Policía, Daniel Roldán, quien fue imputado y su caso se elevó a juicio. Sin embargo, desde entonces no hubo novedades.
“La denuncia no me sorprende porque es recurrente. Espero que se tomen cartas en el asunto, que se verifique, que se auditen todas las cuestiones que se tengan que auditar y que si hay algún responsable, como lo dice el señor presidente, el que las hace las tiene que pagar”, dijo Varela, parafraseando a Javier Milei.
En este sentido, recordó que él en su momento denunció “hechos reñidos con las leyes para que la Justicia determinara si eran o no delitos”.
“Lamentablemente, no sé si relacionarlo con eso, pero en su momento he sido víctima de un ataque, se me baleó el automóvil con mi hijo adentro cuando tenía cinco años. Nunca se llegó a buen puerto, nunca se pudo determinar a los responsables ni los motivos de ello. Son gajes del oficio que uno los tiene claros, pero lo que más afecta no es que lo que uno puede sufrir, o lo que puede sufrir en el entorno familiar o el entorno laboral, sino que la Justicia no haya arribado a una conclusión, una investigación seria con respecto a estos temas”, lamentó.
En abril de 2017, Varela denunció que en octubre de 2016 se había autorizado la compra de espejos retrovisores para una camioneta Chevrolet S10, propiedad de la Policía, pero en realidad se compraron repuestos para una camioneta Chevrolet Meriva que pertenecía al entonces subjefe de la fuerza, Roldán. Sin embargo, la imputación fue por cinco hechos: además de ordenar la compra de espejos retrovisores para su vehículo particular, Roldán lo había pedido a tres empleados de la División Transporte que se los coloquen en el vehículo que estaba en su domicilio, durante su horario de trabajo. Roldán también fue imputado por gestionar viáticos para una misión especial de una comisión que viajaría a Buenos Aires, que finalmente no existió. Por último, se lo imputó por ordenar la compra de elementos de construcción que fueron a su domicilio y luego por hacer que empleados de su División fueran a realizar tareas en el hogar. Tras esta denuncia, Varela sufrió un atentado en su auto particular, aunque no lo vinculó a la presentación. Luego fue trasladado.
Reformas en Seguridad
Varela aseguró que la problemática en materia de seguridad “está a la vista y la mayoría de la gente sabe cómo está la ola delictiva y los problemas institucionales de la fuerza”. “Son más de 40 años en que ningún gobierno, ni el radicalismo ni el peronismo tomaron en serio el tema seguridad. Tendría que haber sido política de Estado. Tenemos leyes de hace más de 70 años que todavía rigen y el funcionamiento de la institución sigue siendo el mismo: comprando móviles y tomando gente, pero no planificando ni determinando cuáles son los diagnósticos necesarios para hacer frente a las vicisitudes”, lamentó.
En este sentido, explicó que en el Partido Libertario formaron un equipo de trabajo para elaborar un diagnóstico actual. “Tenemos un plan hecho hace 10 años que nunca se implementó. Hoy los tiempos han cambiado, las vicisitudes y las cuestiones de seguridad no son las mismas y van a ir mutando a medida que pasen los años. La idea es hacer un trabajo a largo plazo, tener un plan estructurado que implique una reforma del entorno interno, que le llamamos las áreas encargadas de la seguridad; y también una adaptación al entorno externo, que son las nuevas tecnologías que puede estar sumando la sociedad y que derivan a veces en delitos, como son hoy los delitos informáticos y todas esas cuestiones sobre las que se tiene que trabajar muchísimo”, sostuvo.
“Creemos que el cambio tiene que ser de raíz, un cambio en el que se modifican, en primer lugar, los cimientos institucionales, que son, por ejemplo, las leyes policiales, y después cambiar toda la estructura. Es un trabajo a largo plazo que lo tiene que hacer gente idónea o que tenga la experiencia operativa. No puede ser que actualmente, teniendo carreras universitarias y licenciados en Seguridad, los protocolos los confeccione el Poder Judicial y no la propia institución. Hay que estar en las botas para darse cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son los cambios que se pueden efectuar”, opinó.n